Los ministros europeos de Agricultura adoptaron este viernes el documento durante una reunión en Bruselas como un punto sin debate (punto «A»), ya que el consenso sobre el texto se había logrado hace dos semanas.
El pasado 5 de noviembre, el Consejo (que representa a los países) y el Parlamento de la UE, con poder legislativo, cerraron el único capítulo en el que no se ponían de acuerdo, el del acceso a internet, después de una larga negociación que comenzó en 2007.
Finalmente, convinieron que el acceso de un usuario a internet pueda restringirse, de ser necesario y proporcionado, únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya «el derecho del usuario a ser escuchado».
Los eurodiputados introdujeron el tema de garantizar el acceso a internet como un derecho fundamental en el nuevo paquete regulador de las telecomunicaciones, y en un principio querían incluir que sólo un juez pudiera cortar ese acceso.
Evitar el rechazo judicial
En cambio, tras llevar a cabo diversos análisis los servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión, se modificó el texto para evitar un posible rechazo del Tribunal de Justicia de la UE, que podía alegar que el requerir una orden judicial escapaba de las competencias de los legisladores comunitarios.
La nueva regulación pretende reforzar los derechos de los usuarios, que podrán cambiar de operador en un solo día manteniendo su número de teléfono fijo o móvil, recibir de antemano información más clara en sus contratos, ser informados si se han violado sus datos, defenderse mejor contra el «spam» (correos electrónicos no deseados) o acceder de forma más eficaz al número de urgencias 112.
Además, prevé disposiciones para garantizar la «neutralidad» de la red y que no se discriminen ciertos servicios o aplicaciones -como el P2P o las llamadas de voz por internet-, por parte de los operadores.
Para incrementar la competencia, los reguladores nacionales tendrán mayor independencia de los gobiernos y la industria, y su trabajo se verá complementado por un Cuerpo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC), que les asesorará a ellos y a la Comisión.
También para apoyar la competencia, un regulador nacional podrá pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios («separación funcional»), una medida que podrá aplicarse únicamente de forma «excepcional».
Igualmente, los inversores recibirán una compensación justa por sus esfuerzos en el despliegue de redes de nueva generación de internet, así como un mejor uso del espectro radioeléctrico para que la banda ancha pueda llegar a todos los ciudadanos de la UE.