Activistas de los derechos humanos aplaudieron el veredicto, que analistas atribuyeron a la decisión del Kremlin de cumplir una de las normas básicas de la legislación europea, pese a que el grueso de habitantes rusos aún apoya la pena capital.
La sentencia responde a una interpelación del Tribunal Supremo relativa a la posibilidad de reanudar la aplicación de la pena de muerte a partir del 1 de enero del 2010, tras la introducción de jurados populares en todos los entes federados del país.
Sobre la aplicación de la pena de muerte en Rusia pende desde 1996 una moratoria decretada por el entonces presidente Borís Yeltsin, condición impuesta por el Consejo de Europa para aceptar a Rusia en su seno en 1996.
Rusia vinculó en su momento la moratoria con la introducción de jurados populares en todo el país, mientras el TC aprobó en 1999 una resolución que garantiza a todos los condenados a la pena capital el derecho a ser juzgados por un jurado popular.
Proceso irreversible
El presidente del TC explicó que Rusia fue admitida en el Consejo de Europa tras comprometerse a suprimir la pena de muerte y firmar, aunque nunca lo ratificó, el protocolo número 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la pena capital.
«La intención expresada por Rusia de imponer una moratoria para el cumplimiento de las sentencias de muerte y adoptar otras medidas para suprimir la pena capital fue una de las razones sustanciales para que el país fuera invitado al Consejo de Europa», subrayó.
Precisó que la Asamblea Parlamentaria del Consejo recomendó admitir a Rusia basándose en los compromisos y acuerdos asumidos por Moscú, ante todo la obligación de firmar en el plazo de un año y ratificar en otros tres el protocolo de la Convención Europea.
Según Zorkin, la introducción de jurados populares en toda Rusia, que acaba de terminar, tampoco sirve de pretexto para reinstaurar la pena capital, pues desde 1996 «en el país se han formado estables garantías del derecho de las personas a no ser ejecutadas». «Se ha formado un régimen jurídico-constitucional dentro del cual se produce el proceso irreversible de supresión paulatina de la pena de muerte», puntualizó.
«El Constitucional ha puesto el punto final»
Durante las audiencias del TC, el presidente, el Gobierno, ambas cámaras del Parlamento y la Fiscalía abogaron por mantener la moratoria a la aplicación de la pena de muerte y por la ulterior supresión definitiva de la pena capital.
Borís Grizlov, presidente de la Duma rusa y dirigente del partido del Kremlin, Rusia Unida, opinó que la Cámara deberá prolongar la moratoria, pues los diputados no conseguirán ratificar hasta el 1 de enero el protocolo a la Convención europea.
El portavoz del Tribunal Supremo, Pável Odintsov, subrayó por su parte que «el Constitucional ha puesto el punto final en los debates sobre el futuro de la pena capital como castigo y ha sentado la norma jurídica por la que debe guiarse la Justicia».