Salgado añadió, sin embargo, que «también es probable que podamos terminar en positivo, y esos ajustes son muy difíciles de anticipar».
La vicepresidenta económica insistió en que el Gobierno no se plantea retrasar la subida del IVA, prevista para julio del 2010, como proponen algunos organismos, y recordó que otros «dicen que lo estamos haciendo muy bien».
Por otro lado, Salgado pidió el apoyo del Senado al nuevo sistema de financiación autonómica porque «beneficia a todos los ciudadanos» y mejora el Estado de Bienestar. Así lo puso de manifiesto durante su comparecencia en la Comisión General de comunidades autónomas en la Cámara Alta, donde aseguró que el «esfuerzo de todos» en el desarrollo del nuevo modelo «ha sido grande» y las dificultades «muy numerosas».
«Estoy convencida de que el trabajo ha merecido la pena», señaló la vicepresidenta económica, que destacó la «extraordinaria» labor llevada a cabo y agradeció el trabajo de los consejeros autonómicos durante el «ingente y largo» proceso de negociación.
Salgado aseguró que este nuevo sistema supondrá el «pilar central» del estado autonómico del país, y recordó que el modelo aún vigente empezó a ser cuestionado por todos los gobiernos autonómicos en el año 2004 por «ciertas carencias» y por la insuficiencia de los recursos asignados.
En este sentido, Salgado afirmó que el Gobierno ha trabajado «activamente» para paliar estas insuficiencias, y recordó que el pasado 15 julio culminó la negociación después de más de un año de encuentros y conversaciones con las comunidades autónomas y tres sesiones plenarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
A su parecer, el proceso de negociación ha sido el de «mayor transparencia y participación» en este sentido, conjugando la bilateralidad y multilateralidad que reclamaba el proceso.
De la misma forma, recordó que el proyecto que se votó en el CPFF fue respaldado con el voto positivo de la mayoría de las comunidades autónomas y que ninguna votó en contra. «Ningún gobierno autonómico se opuso al acuerdo», subrayó.
Finalmente, la vicepresidenta económica recordó que, tras la aprobación del nuevo modelo, habrá que reunir las comisiones mixtas correspondientes para que las comunidades autónomas digan si se adhieren o no al nuevo sistema y para concretar determinadas cifras para la aplicación del mismo.
11.000 millones para un nuevo sistema
La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de eset año y se aplicará de forma gradual hasta el 2012, aportará recursos adicionales ligeramente superiores a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.
El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.
Garantiza además la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta ‘bolsa común’ contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.
Asimismo, el nuevo modelo contempla la instauración de un Fondo de Suficiencia Global, íntegramente financiado por el Estado, que pretende complementar los recursos tributarios no integrados en la garantía de servicios públicos fundamentales y que permite incluir competencias no homogéneas.
Por otro lado, el Estado aportará nuevos recursos para la constitución de un Fondo de Competitividad y un Fondo de Cooperación para facilitar la convergencia en los niveles de renta de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y cuyos recursos se distribuirán entre las CC.AA. con menor renta per cápita o que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.
A su paso por el Congreso, se incorporaron algunas enmiendas al proyecto del Ejecutivo, entre las que destaca una del PSOE para que durante este año y el 2010 las comunidades autónomas puedan destinar su endeudamiento a gastos corrientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, sin tener que destinarlos forzosamente a inversiones.