El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomarles declaración durante todo el día y después de que el jueves enviara a la cárcel a once de los trece acusados a los que tomó declaración y a los que imputó delitos de integración o colaboración terrorista.
A los once acusados interrogados este viernes, Marlaska les acusa de un delito de integración terrorista, según las mismas fuentes, que han añadido que los detenidos ingresarán en las cárceles de Soto del Real y de Alcalá Meco.
El magistrado también dejó el jueves en libertad a Oihana Fernández Iturri y a Raúl Iriarte Rodrigo -acusados de colaboración terrorista- y les impuso comparecencias semanales en el juzgado, la obligación de comunicar su domicilio y les prohibió abandonar el territorio nacional.
Esta decisión fue contraria al criterio del fiscal Luis Barroso, que pidió el ingreso en prisión incondicional para los 13 detenidos, quienes negaron su pertenencia a Segi, sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika y declarada terrorista por el Supremo en el 2007.
Marlaska interrogará este sábado a otros diez detenidos, con lo que concluirá así los interrogatorios de los 34 arrestados el pasado martes en una operación desarrollada conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil y llevada a cabo a partir de la documentación incautada al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París.
Homenajes a etarras
Por la mañana, el juez prohibía dos actos convocados para este viernes y este sábado en homenaje al preso etarra Iñaki Gonzalo Casal «Kitxu» en Algorta (Vizcaya) y a los fallecidos Joxe Etxeberria Sagastume «Beltza» y Jon Pagazaurtundua Isusi en la localidad vizcaína de Getxo.
En un auto, Grande-Marlaska atiende así a la petición de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que constituyen un acto de homenaje y exaltación «al currículo delictivo» de los etarras, «así como de la lucha armada promovida por ETA».
Según el juez, en caso de celebrarse, los homenajes vulnerarían lo dispuesto en el Código Penal al ser una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que este tipo de delitos generan.
Grande-Marlaska, que señala que los actos han sido convocados por una página web utilizada por los movimientos pro amnistía, explica que, aunque a los dos de los homenajeados les sería de aplicación la Ley de Amnistía de 1977, se convierten en un instrumento.