Entre los aspectos negativos del texto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge han destacado la introducción del concepto de «esfuerzo de integración» en la línea de las propuestas «más reaccionarias» o la imposición de sanciones a quienes faciliten la inscripción del inmigrante en el padrón municipal.
Además, estas organizaciones han criticado en un comunicado la consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, el recorte en el derecho a la reagrupación o la situación de desamparo que se somete a las mujeres víctimas de la violencia de género.
El incremento de las sanciones contra la población extranjera es «desproporcionada», según estas ONG, pues pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta los 60 días.
Principio de igualdad de trato y de oportunidades
Para la Unión General de Trabajadores (UGT), la nueva ley avanza en derechos fundamentales pero «retrocede y limita» los vinculados a la participación en el estado del bienestar, «poniendo en cuestión el principio de igualdad de trato y de oportunidades».
Este sindicato no comparte el concepto de integración «que subyace en el texto» porque supone obligaciones añadidas para los extranjeros, que además de «complicar la ya difícil gestión administrativa», colocan a los extranjeros no comunitarios «bajo una permanente sospecha».
En este sentido, UGT ha denunciado que la Ley configura «distintas categorías de trabajadores con derechos diferentes» según el tipo de autorización concedida, constituyéndose «un modelo de selección» de las personas a las que se permitirá formar parte de la sociedad española. A su juicio, en la redacción del texto «han pesado más elementos subjetivos y coyunturales» como la actual crisis económica.
Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España ha calificado la nueva legislación de «xenófoba, racista y perversa» porque «criminaliza el hecho de ser inmigrante» y «legaliza el castigo». La limitación del derecho al empadronamiento denegará el acceso a los servicios sanitarios y a la educación, según esta federación.
Por último, la Federación de asociaciones de SOS Racismo ha señalado que se trata de «una reforma acorde con los aires racistas y xenófobos que se respiran en Europa», por lo que supone «un paso más» en el fomento de la fractura social.