En declaraciones a los medios tras la votación en el Congreso de las enmiendas que pedían la devolución del texto al Gobierno, Zapatero destacó que la nueva ley dará «garantías a las mujeres ante un tema tan dramático como el aborto» y añadió que la norma no otorgará «una consideración de represión criminal» a interrumpir un embarazo. «Eso es lo que hacen las sociedades avanzadas y España lo es», aseveró.
Asimismo, dijo que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, «ha hecho un discurso riguroso y serio», mientras que a su juicio el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, «ha estado brillante en la reflexión sobre lo que significa el derecho penal en un Estado democrático».
Por su parte, la ministra afirmó que seguirá trabajando «para conseguir el mayor apoyo posible y lo hará desde el rigor, la responsabilidad y altura de miras». «Intentaremos que haya el mayor consenso posible», concluyó.
Actuar en consecuencia
La secretaria general del PP, María Dolores deCospedal, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Toledo, ha sido preguntada por la reforma legal que hoy comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados.
La dirigente del PP ha recordado que su partido ya ha avanzado que impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional si es aprobada en los términos en los que ha llegado al Congreso. A su juicio, el proyecto de ley del Gobierno no encaja con la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que, si es aprobado así, el PP «actuará en consecuencia».
El PP sostiene que la actual regulación del aborto está avalada por la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que ha sentado un «equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido».
Los populares aseguran que el sistema de plazos que establece la nueva ley no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, porque desprotege totalmente al no nacido durante las primeras catorce semanas de gestación y no establece suficientes mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legalidad.