El documento, en el que el Gobierno había aceptado incluir, «con algunos matices», nueve de las diez propuestas económicas y de empleo del PP, ha obtenido sólo el respaldo de las Comunidades gobernadas por el PSOE, además de Canarias y Cantabria, han informado fuentes del Ejecutivo.
Esos apoyos han sumado diez votos frente a las ocho abstenciones de las Comunidades del PP, lo que ha impedido conseguir los dos tercios necesarios para aprobar la propuesta, aunque continúan las negociaciones para intentar el acuerdo.
La propuesta de Zapatero incluía, entre otros, crear grupos de trabajo para que en un plazo «máximo» de tres meses concreten medidas relacionadas con la creación de empleo al tiempo que les pide que se comprometan a «estimular» la participación de las empresas en la formación de los trabajadores.
En el texto, el Gobierno argumenta que el desempleo está afectando «de manera singular» a los jóvenes, ya que la tasa de desempleo para los que tienen entre 16 y 24 años es 20 puntos superior a la tasa de desempleo general.
En cuanto a las medidas propuestas a las CCAA, estas se centran en tres puntos concretos: promover el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos por la experiencia profesional; avanzar y garantizar en la conectividad de los sistemas públicos de empleo y favorecer la «complementariedad y coordinación» de las medidas que hoy aplican las CCAA para prporcionar ayudas a quienes agoten las prestaciones contributivas y asistenciales del sistema público de protección frente al desempleo y carezcan de ingresos.
A estas propuestas se suma la petición de Zapatero de que las CCAA se comprometan a «estimular» la participación de las empresas en la «planificación y la impartición del sistema de formación profesional» con tres medidas: la promoción de convenios entre los centros de formación profesional y las pymes de su entorno inmediato para la integración de dichas empresas en las tareas de planifiación de las enseñanzas del centro; el uso recíproco de instalaciones de empresas y centros para la formación de estudiantes y trabajadores y el fomento del reconocimiento de las iniciativas formativas desarrolladas en el seno de las empresas.
Este paquete de medidas están incluidas en una «Propuesta de acuerdo sobre economía y empleo» que ha presentado el jefe del Ejecutivo a los presidentes autonómicos al final de la sesión de la mañana, después de haber escuchado las intervenciones de éstos.
A estas propuestas, se suman las que el Gobierno ya había anunciado en materia de empleo y que propondrá en enero, en el marco del Diálogo Social, con el fin de: fomentar el uso de la reducción de jornada, revisar la política de bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora general de la intermediación laboral, la reducción de la dualidad y la tasa de temporalidad, así como medidas «efectivas» para reudcir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
En el documento presentado este lunes, el jefe del Ejecutivo añade también propuestas para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas -quiere que las CCAA se comprometan a reducir el déficit al 3 por ciento en 2013-; dar un impulso a la política industrial; apliar la directiva europea de servicios y medidas para el sector agrario, pesca y medio ambiente.
Comisión industrial que fije estrategia para junio del 2010
En cuanto a las políticas industriales, Zapatero propone a las CCAA crear una comisión de Política Industrial en el plazo de un mes, con la participación de los interlocutores sociales que, antes del 30 de junio de 2010 elabore una Estrategia Industrial para España 2010-2020.
Esta comisión tendrá que tener en cuenta actuaciones específicas en sectores «tradicionales» y también en los «emergentes», con «atención particular» a sectores como la automoción, la biotecnología y tecnologías sanitarias, las TIC, los sectores relacionados con la protección medioambiental, incluyendo las renovables y el sector aeroespacial.
En el capítulo de desarrollo de las actividades del sector servicios, el Ejecutivo plantea aplicar la directiva europea de servicios para suprimir «trabas» y «obstáculos injustificados» para suprimir las limitaciones «desproporcionadas» a la libre circulación de servicios que puedan existir entre las distintas CCAA.
Además, entre otras medidas, plantea: reducir el ámbito de exigencia de licencias de actividad a los casos de garantía de la seguridad pública, la salud pública, el medio ambiente o el patrimonio histórico-artístico, «facilitando así la libre iniciativa empresarial» y reducir al mínimo los supuesto de silencio administrativo negativo.
El Gobierno también se compromete a presentar, en el primer trimestre de 2010, un proyecto de Ley de reforma del marco regulador de los servicios profesionales y a adoptar, en enero, el paquete de reformas necesarias para el libre acceso a las actividades del sector servicios y su ejericio. En este contexto, pide a las CCAA que agilicen la efectiva transposición de la Directiva de servicios.
Pide que las CCAA apoyen al Gobierno en Copenhague
El jefe del Ejecutivo ha incluido entre sus propuestas una referencia a la lucha contra el cambio climático y por ello pide a las CCAA que apoyen al Gobierno en la defensa de la Cumbre de Copenhague de los objetivos «ambiciosos» de reducción de emisiones, así como que pongan en práctica una política concertada para promover las transformaciones de procesos productivos hacia una economía baja en carbono. Además, quiere incluir en la próxima Conferencia de Presidentes un punto dedicado al agua y el cambio climático.
En cuanto a la agricultura y pesca, considera «prioritaria» la continuidad de la PAC, y adelanta que durante la presidencia española de la UE España seguirá adaptando esta a la realidad «cambiante» de su entorno. También considera un «asunto preferente» la «revisión» de la Política Pesquera Común y pide a las CCAA el respaldo para una «nueva formulación que abogue por una pesca responsable y sostenible» y el compromiso, asumido en la Cumbre de Johannesburgo, de mantener o restablecer las poblaciones pesqueras.
Crear estructuras homogéneas en Sanidad y Educación
Zapatero tampoco ha olvidado la Función Pública y ha propuesto a los presidentes autonómicos que desarrollen, en el ámbito de sus competencias, el Estatuto Básico del Empleado Público, que se comprometan a realizar un proceso urgente de modernización e innovación de las Administraciones Públicas, apostando por la administración electrónica, reduzcan la temporalidad en el empleo público y fomenten la profesionalidad de los empleados públicos. Finalmente, considera necesario crear mesas sectoriales en el ámbito de la función pública para establecer estructuras homogéneas en las Adminsitraciones, especialmente en Sanidad y Educación.
Esfuerzo en reducción de deuda
Asimismo, la propuesta pide un esfuerzo común de todas las administraciones públicas para reducir el déficit y la deuda y así «garantizar la máxima valoración de la deuda pública española en los mercados internacionales». Además, propone un «compromiso» del Gobierno central y de las comunidades autónomas para «reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas de forma que en 2013 se sitúe en el 3% del PIB», en línea con el Pacto de Estabilidad de la UE y los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Así, pide a comunidades autónomas y a ayuntamientos -estos últimos no están presentes en la conferencia- un «importante esfuerzo» para que la deuda pública a medio plazo se mantenga en un nivel «sostenible» y «compatible» con el Pacto de Estabilidad de la UE.
En este sentido, les pide «una política de contención de los gastos de personal» haciendo una política de empleo público «selectiva» y «austeridad» en el aumento de los salarios, además de los «ajustes sectoriales que resulten necesarios» para modernizar servicios públicos básicos como la justicia, la seguridad ciudadana o la lucha contra el fraude fiscal.
Asimismo, el documento reclama el compromiso de que las CC.AA. adoptarán medidas de austeridad, eficiencia y transparencia en el gasto público –con el fin de reducir el déficit– y propone crear dos grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Si sale adelante la propuesta, uno de los grupos elaborará un «acuerdo marco que permita el seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit».
Por último, el documento pide a las administraciones que elaboren un plan de actuaciones para reducir los plazos de pago de sus operaciones comerciales «y la consecuente morosidad», incluido un informe trimestral sobre el cumplimiento de estas obligaciones.