Igualmente, en el Orden Social, los procedimientos por despidos durante los nueve primeros meses de 2009 alcanzaron los 105.657, superando también la cifra total de 2008, cuando se registraron 102.925, que supuso un incremento del 55% respecto a 2007.
La Jurisdicción Civil también se ha visto afectada por el contexto de crisis económica y, así, las ejecuciones hipotecarias presentadas en los tres primeros trimestres fueron 66.400, también superando al total de 2008, cuando se registraron 58.686, dato que ya representó un 126% más que en 2007.
Al presentar estas cifras, Dívar hizo hincapié en que «la actividad jurisdiccional en el último año no ha sido impermeable a la realidad económica».
No obstante, también aseguró que en el segundo, y especialmente en el tercer trimestre de 2009, se ha observado una desaceleración en los concursos de acreedores y los procedimientos por despidos.
El presidente del Tribunal Supremo estrapoló los datos anteriores para calcular el número de asuntos que entrarán en el conjunto de las jurisdicciones en 2009, que serán cerca de 9.700.000, un incremento del 7,2%.
De ellos, dijo Dívar, se resolverán 9.265.000, un 7,1 % más que en 2008, y quedarán en trámite en los órganos judiciales más de 3.200.000 asuntos.
El número de sentencias que pondrán los jueces españoles podrá superar en 2009 el 1.640.000, cifra que representa un 8,1% más que en 2008.
La jurisdicción en la que se produjo el mayor incremento tanto en asuntos ingresados como en los resueltos fue la Civil, con incrementos del 20,8% y 18,8%, respectivamente, por delante de la Social, con incrementos del 19,7% en lo ingresado y del 17,4% en lo resuelto.
El más resolutivo sigue siendo el Orden Penal, al que se atribuye el 72% de los asuntos ingresados en el primer semestre del año en curso.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia para presentar la Memoria del CGPJ y el TS correspondiente a 2008, Dívar ha subrayado la voluntad de colaboración de ambas instituciones con el Parlamento y la necesidad de mantener el compromiso de todos los poderes públicos para solucionar los problemas de la Administración de Justicia.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que «nos encontramos en la buena senda» para afrontar esos problemas casi endémicos de la Justicia, pero ha reconocido que se necesita un esfuerzo sostenido en el tiempo y que sus resultados no son fácilmente evaluables a corto plazo.