Con la dimisión «temporal» de Diego Murillo el pasado viernes, AMA ha atendido el requerimiento que le hizo la DGS para que ejecutara la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en noviembre, en la que ratificaba la inhabilitación y suspensión temporal que Economía impuso en mayo al presidente de la compañía y a otros dos miembros del consejo de administración.
La decisión del organismo supervisor llevó por su parte a AMA a interponer una querella contra Ricardo Lozano por prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos, por los que tendrá que declarar como imputado el próximo 28 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
La DGS, que insiste en intentar normalizar las relaciones, espera que la aseguradora informe ahora de su estrategia para cubrir los riesgos de responsabilidad civil, derivados de las pólizas que comercializa entre el personal médico.
También ha de informar sobre su política de distribución de «derramas pasivas» o dividendos, que fue uno de los motivos para que el supervisor actuara contra el ahora ex presidente de AMA, Diego Murillo, el secretario del consejo, Manuel Campos, y su antecesor en el puesto, Manuel Sánchez.
La Audiencia Nacional ha ratificó su inhabilitación para dirigir cualquier entidad y su suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos durante 6 años y 8 meses.
No obstante, anuló las multas impuestas por la DGS, dependiente del Ministerio de Economía, a Murillo, Campos y Sánchez, que ascendían a 675.000 euros en total.