En una nota conjunta, los dos sindicatos dicen que el Gobierno, a través de las declaraciones realizadas hoy por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, «pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad».
Según los sindicatos De la Vega se ha sumado al cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega.
Señalan que la vicepresidenta «pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento -la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días».
Relatan que la llegada de Haidar a Lanzarote se produjo sobre las 12:30 horas del día 14, y que el Gobiern pudo haber permitido el regreso de la activista en un vuelo que salía aquella misma tarde.
«Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto», agregan.
Afirman que fue el Ejecutivo quien evitó una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidar estaba dispuesta a volver a Marruecos.
Indican que «la abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes, supuso el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables».
Afirman que ha sido el Gobierno el que ha impedido el regreso de Haidar a Marruecos durante la tarde del mismo día en que llegó a España y la Delegada del Gobierno en Canarias la que «dio inicio a una situación de creciente hostilidad hacia el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, sometido en este caso a criterios única y exclusivamente legales».
La CEP y el SPP hacen un llamamiento a la Jefa Superiora de Policía en Canarias, a la Delegada del Gobierno y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «para que no permitan, por enésima vez, que el trabajo policial se vea manchado por pugnas políticas que no tienen nada que ver con nuestro Cuerpo».