Cuando se le ha vuelto a preguntar expresamente por Torrejón, defendido por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón se ha limitado a decir: «todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido a lo que establece la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local, cualquier ayuntamiento de España que lo haga, desde mi punto de vista, incurre en ilegalidad».
En su intervención, el alcalde de la capital ha sostenido que poner más requisitos de los legales a los inmigrantes que quieren empadronarse es «ilegal» porque la ley vigente no establece tales limitaciones y hacerlo no es una competencia municipal.
Además, ha añadido un argumento «de orden político o de naturaleza ética»: hacer eso «significa privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para garantizar su supervivencia y su dignidad».
«El reflejo de la realidad»
A renglón seguido ha preguntado a los alcaldes que han establecido requisitos adicionales a los legales: «qué conseguiríamos negándoles (a los inmigrantes) estas prestaciones básicas: quizá conducirles a la exclusión o a la marginalidad, o como mucho desviar el problema hacia otro municipio que sí aplicase la ley».
El padrón, ha defendido, «tiene que ser el reflejo de la realidad, con independencia del derecho que tenga la persona que ocupa una vivienda».