Montoro acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que España está pasando por un «momento realmente crítico» por su propia «incapacidad, que «ya no puede ser más visible».
Este Gobierno, consideró, «es el peor de la democracia de España y el peor también de Europa, e incidió en que «si no se producen rectificaciones» la situación «crítica» actual continuará. «Porque lo que se ha acabado en España es el dinero, el crédito internacional, y el crédito bancario, que es el que deberían de tener los emprendedores para salir de la crisis».
«El presidente insiste y persiste en su error, y vemos cómo este Gobierno se está autodisolviéndose solo, por su propia incapacidad y la egolatría de Zapatero, señaló el portavoz económico. «Ya en el 96 recogimos la herencia terrible de los socialistas, la herencia del paro, la que nos relegaba de los grandes proyectos de Europa. El PP puso en marcha España en ese momento, promoviendo la etapa de crecimiento económico más importante de nuestra historia, sostuvo.
Por contra, el PP, según apuntó Montoro, tiene «la política de las reformas, de bajar los impuestos, de equilibrar las cuentas públicas». «Lo hicimos en su día y lo volveremos a hacer, concluyó el popular ante un auditorio entusiasmado que interrumpió varias veces su discurso con el grito de «Zapatero dimisión».
Mientras, el portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, ha registrado una pregunta oral dirigida al jefe del Ejecutivo con la que le reclamará que asuma que «que cualquier reforma del sistema de pensiones debe afrontarse con un amplio consenso».
Los nacionalistas temen que el Gobierno socialista esté «poniendo en riesgo» el Pacto de Toledo, pensado para garantizar el «consenso político y social» sobre las reformas de las pensiones y que ha funcionado desde 1995 con «buenos resultados».
Por su parte, el portavoz popular en el Pacto, Tomás Burgos, reprochará al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, por las «continuas filtraciones» de los últimos días y la inquietud que están generando en trabajadores y pensionistas.
También a Corbacho se dirigirá la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, quien le reclamará que explique qué datos maneja el Gobierno sobre la edad real de jubilación para proponer ahora aumentar la edad legal de 65 a 67 años.
La idea de aumentar en diez años, hasta los 25, el periodo de cálculo de las pensiones que el Gobierno introdujo en la versión inicial de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2009-2013 que envió a la Unión Europea y que posteriormente eliminó, también llegará al Pleno a través de una interpelación de los populares.
Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, dijo este domingo que la Comisión Ejecutiva Federal de IU estudiará el lunes lanzar una iniciativa popular con el fin de recoger medio millón de firmas para pedir al Gobierno que se blinde la edad de jubilación a los 65 años.
Lara precisó que también exigirá al Ejecutivo que «no se toquen» los 15 años como máximo para determinar la cuantía de la pensión y que, en todo caso, sean los trabajadores quienes escojan cuál es el tiempo que hay que elegir para determinar su pensión.
El tercer punto de esta iniciativa pretende garantizar que se mantenga el aumento del IPC para las pensiones y defender que sigan subiendo las mínimas.
Además, el coordinador general de IU pidió al Gobierno que acometa un plan de empleo «urgente» especialmente dirigido a quienes no tienen ningún tipo de protección, en el que se contemplen créditos a «interés cero» para las pymes hasta que superen la situación. En opinión de Lara «sí hay cosas que hacer. Es cuestión de decisión, valentía y de poner recursos sobre la mesa».
Entre sus propuestas, también destacó el transformar los desahucios en alquileres para vivienda y que se «presione» a los banqueros, con la intervención directa del Estado, para que no se hagan con más potencial de vivienda.
Lara recordó que el plan de rehabilitación de viviendas posibilitaría que se aumentase el consumo, lo que contribuiría a solucionar la «crisis profunda de demanda». Para todo ello, afirmó, los recursos vendrían de una mayor presión fiscal, que en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea.
También abogó por luchar contra el fraude ya que, aseguró, en España uno de cada cuatro euros no tributa.
Señaló que a Izquierda Unida le preocupa la gente que más sufre, que son los más de cuatro millones de parados, el millón de personas que no cobra prestación ni subsidio, los 1,2 millones de hogares donde todos sus miembros están en paro y quién después del 16 de febrero se quedará sin cobrar la ayuda de los 420 euros.
Insistió en que existen alternativas y que por ello IU «ratifica» las 20 propuestas que presentó al Gobierno en abril del 2009 y que continúan «vírgenes».
Con respecto a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos contra la prolongación de la vida laboral desde los 65 a los 67 años, el coordinador general de IU dijo que las apoyarán «sin ningún tipo de reserva».
En cuanto a la reforma laboral presentada el viernes por el Gobierno a la patronal y a los sindicatos, insistió en que el documento es «una declaración de intenciones» que requiere una negociación posterior. En este sentido apuntó que a IU le «gustaría» que la CEOE estuviera «mejor representada» en la mesa de negociación.
Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, exigió al Gobierno que retire su propuesta de alargar la vida laboral si quiere contar con su apoyo en la comisión del Pacto de Toledo. «Si no, no hay negociación posible, advirtió.
También pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que comparezca en el Congreso para explicar la reforma de las pensiones y el «giro a la derecha» de su política.