Rueda y la titular de Hacienda, Marta Fernández Currás, trasladaron al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, el malestar de la Xunta por no comunicarle, antes de pedir dicho informe, los motivos por los que considera inconstitucional la ley de cajas.
Pero, a pesar de ello y tras una reunión de dos horas, «seguimos sin saber a través del Gobierno de España cuáles son esos motivos, afirmó Rueda, quien, según dijo, el Ejecutivo, alegó que es una capacidad que tiene y que decidió ejercer.
Ante esta situación, solicitaron al Gobierno que antes de tomar ninguna decisión sobre la interposición de un recurso «se siente a negociar con la Xunta» para analizar cuáles son los puntos que podría considerar inconstitucionales e intentar llegar a una solución.
Al respecto, «se nos ha dicho que, primero, hablará el Consejo de Estado y que, después, en principio, podría haber negociación o no, con lo cual nosotros interpretamos, después de esa petición expresa de sentarse a negociar, que el Gobierno no tiene ninguna intención de negociar antes de interponer el recurso y antes de suspender los efectos de la ley».
«No hay voluntad de acuerdo. Desde luego, no hay voluntad negociadora, sino todo lo contrario, dijo el conselleiro, que interpretó que primero quieren recurrir y «luego ya hablaremos» porque es un tema que, a su juicio, tienen decidido y del que no quieren hablar con la Xunta.
«Aquí parece que da igual lo que vaya a decir el Consejo de Estado» porque «parece que lo único que se quiere es vestir una decisión, que probablemente, puede estar ya tomada, de interponer recurso de inconstitucional, señaló.
Con esta actitud se evidencia, en su opinión, que «puede haber una intención, cada vez más manifiesta de no cooperar con el Gobierno de la Xunta y de hacer lo posible para que finalmente Galicia se pueda quedar sin cajas y pueda desaparecer del mapa financiero».
En este contexto, lamentó «la cerrazón» del Gobierno, primero, para aumentar el autogobierno de Galicia y, en segundo lugar, su «nula capacidad de negociar y de llegar acuerdos antes de tomar decisiones» en un tema tan importante para la comunidad gallega.
En cuanto a las propuestas de competencias planteadas por la Xunta, dijo que no tienen «en absoluto» buenas noticias ni en lo que se refiere a las que estaban pendientes, ni a las nuevas que ha planteado el nuevo Gobierno de la Xunta, salvo en una: la petición de titularidad de la AP-9 y la A-53.
Sobre estas últimas comentó que en la reunión estaba un representante de Fomento que les aclaró que primero hay que hablar de la AP-53 y después se empezará hablar de la posible transferencia de la titularidad de la AP-9.
En este sentido, dijo que son buenas noticias porque el proceso de negociación está abierto, algo que no es lo mismo en el caso de las otras reclamaciones.