Durante su intervención, Salgado aseguró que «nuestro déficit tiene dos orígenes y los dos son la crisis económica».
«Al principio tuvimos que hacer esfuerzos extraordinarios para afrontar la crisis, ahora lo hacemos para obtener un crecimiento sostenible”, dijo la ministra refiriéndose a las acusaciones por parte del Partido Popular que, en boca del Senador Utrera dijo que «pasamos de un esfuerzo de no gastar a otro de recortar» y que, según él, esto significaba que «los PGE aprobados hace 30 días, son los que no han podido resistir el esfuerzo y han quedado en papel mojado».
Para el partido popular, este hecho comprometía la credibilidad de la política económica del Gobierno.
Al respecto, Salgado respondió que era cierto que ha habido una desviación del déficit, pero que esto se debía a «las Comunidades Autónomas, incluyendo «también las gobernadas por el PP».
Por último la ministra aseguró que «hay que hacer esfuerzos para llegar a ese 3% del 2013 que nos exige la Unión Europea. Planteamos ahora un esfuerzo adicional cifrado en 5.000 millones de euros. No exigimos esfuerzos a las CCAA, pero deberían hacerlo».
Reformas en el sector público empresarial
La vicepresidenta económica, dijo este martes que la reforma del sector público empresarial «es una necesidad» ya que se habían eliminado algunos controles necesarios en empresas, organismos y entes públicos.
En respuesta a una pregunta del senador del Grupo Mixto, Francisco Javier Tuñón, Salgado recordó que el Gobierno incluirá a las entidades empresariales en su esfuerzo de consolidación fiscal y de racionalización de gasto público.
La vicepresidenta segunda aseguró que el Ejecutivo ha «extremado siempre los controles» sobre el gasto público empresarial más directamente ligado a los ministerios, si bien «hemos eliminado algunos controles, que hoy se manifiestan como necesarios, en empresas, organismos y entes públicos en general».
Por ello, el Gobierno aprobará el Plan de Reestructuración del Gasto Público antes del 1 de mayo, que incluirá una revisión de los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado, así como del sector público empresarial.
El senador Tuñón alertó del entramado de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, sociedades mercantiles públicas, consorcios y gestoras de la seguridad social, que «debe ser revisado, ordenado y planificado, con criterios de racionalidad, eficacia y economía del gasto público, señaló.
Recordó que, según los datos del Banco de España relativos al segundo trimestre de 2009, existían 283 empresas públicas que contaban con una deuda de 45.000 millones de euros.
Asimismo, apuntó que el Tribunal de Cuentas ha sido muy critico con el sector empresarial, porque no facilitaba los datos desagregados, porque presentaba las cuentas fuera de plazo o no las presentaba o porque carecían de actividad.
Incluso, señaló, una auditoría interna detectó 87 irregularidades en las 250 entidades públicas que existían en 2007 y seis de ellas fueron calificadas con un informe desfavorable.