Tras una breve deliberación, los jueces, presididos por Francesca Vitale, la rechazaron, alegando que «es imposible saber la fecha» en la que el Supremo publicará esas motivaciones y que por ello el proceso contra el primer ministro no puede ser suspendido «por tiempo indeterminado».
El fiscal del juicio, Fabio De Pasquale, también se negó a dicho aplazamiento, al considerar que en la sentencia del Supremo hay «elementos suficientes» sobre la «culpabilidad» de Mills y estimar que en el «momento actual» el delito que se imputa a Berlusconi no ha prescrito. Y es que según el Supremo Mills mintió en sus declaraciones y cobró el dinero, pero el delito de corrupción en acto judicial se consumó el 11 de noviembre de 1999 -cuando dio las instrucciones para recibir ese pago por su falso testimonio- y no desde el 29 de febrero del año 2000, como sostenían las sentencias en primera instancia y apelación. Habrían pasado ya diez años, tiempo que fija la ley para la prescripción de estos delitos.
Tras conocer la decisión del Tribunal de Milán, otro abogado del primer ministro, Nicoló Ghedini, afirmó que el juicio continúa «sólo porque se trata de Berlusconi», ya que si fuese otro «en cualquier parte de Italia se habría aplazado hasta que prescribiese». Ghedini calificó la decisión del tribunal de «incongruente» y anunció que pedirán que sean interrogados de nuevo los testigos ya escuchados en el juicio Mills antes de que este proceso fuera dividido en dos ramas.
Berlusconi está acusado de haber pagado presuntamente 600.000 dólares a su ex abogado Mills a cambio de que éste falseara su testimonio en su favor en dos juicios celebrados en la década de los años 90, de los que el mandatario salió absuelto, unos hechos por los que el británico fue declarado culpable de corrupción en primera y segunda instancia.
Este proceso, conocido como caso Mills fue dividido en el 2008 en dos juicios paralelos, debido a que la aprobación de la ley de inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado (Jefe del Estado, primer ministro y los presidentes del Senado y Cámara de Diputados) conocida como Laudo Alfano permitió que quedara suspendido el proceso en primera instancia a Berlusconi. Una rama fue la del juicio contra Mills y la otra la de Berlusconi, que permitió la reanudación del juicio una vez que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional el Laudo Alfano.
Mills fue condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión en febrero del 2009, pena confirmada en apelación el pasado octubre.
El pasado día 25 el Supremo resolvió en última instancia la prescripción del delito de corrupción en acto judicial, una sentencia considerada «clave» para el juicio a Berlusconi por sus abogados, que alegan que el primer ministro tendrá que correr también la misma suerte de Mills, teniendo en cuenta que se trata del mismo caso.
Berlusconi dijo este viernes en Turín que quiere la «absolución plena» en el juicio, al considerar que «no tiene nada que ver» con ese caso y asegurar que «ha sido una cosa inventada como todos los juicios que tienen que ver conmigo». El primer ministro acusó a parte de los fiscales y magistrados italianos de «talibanes».
Sus palabras fueron duramente criticadas este sábado por el líder del opositor Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani, que dijo que el primer ministro «desvaría» y consideró esas palabras como «inaceptables».
El ex magistrado y actual político Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores (IDV, el segundo grupo de la oposición) dijo en la sureña Taranto que Berlusconi es «indigno para representar a Italia, debido a su papel de corruptor de testigos judiciales».