El presidente del alto tribunal, Mauricio González, explicó que en el trámite de la ley se dieron «un conjunto de irregularidades» vinculadas a la financiación de la campaña de recogida de firmas entre los ciudadanos, además de otras anomalías que «configuran una grave violación de los principios de un sistema democrático». Hubo anomalías en el manejo de los fondos y se gastaron «más de seis veces lo autorizado por las autoridades electorales y recibieron aportes hasta 30 veces más a lo permitido», aclaró.
Estas actuaciones «vulneraron el principio constitucional de transparencia», agregó, al calificar de «desproporcionados» dichos fondos con el propósito de únicamente favorecer la convocatoria de un referéndum y lograr una segunda reelección del presidente.
Pero se registraron otros fallos de procedimiento como la modificación del texto de la ley, ya que en un primer momento se refería a la reelección del presidente sin especificaciones y después se cambió por que dicha reelección se pudiera dar en el 2010. «Con una modificación de esta envergadura el Congreso excedió el principio de democracia participativa, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad», matizó el presidente del tribunal.
A estos hechos se sumó que cinco congresistas tránsfugas desconocieron la línea de su partido y votaron a favor de la ley, lo que, a juicio de la Corte, es una infracción que «profiere invalidez de los votos».
Este fallo, calificado de «histórico» por los analistas, cerró las puertas a Uribe a un tercer mandato y también a una eventual candidatura en el 2014.
Tras conocer la decisión judicial, Uribe dijo que la «acepta» y «acata» e hizo firme su promesa de seguir sirviendo a su país «desde cualquier trinchera hasta el último día de la vida». Además, insistió en la necesidad de que quien le suceda debe «mantener el rumbo de firmeza en una política de seguridad que garantice a las próximas generaciones una Colombia en paz».
«Un gran vacío»
Sin embargo, sea cual sea la dirección que asuma el próximo presidente, sus correligionarios sentirán «un gran vacío», tal y como reconoció el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Pero sus seguidores trabajarán, según reiteraron, para proteger la gestión de Uribe y avanzar en la línea de la Política de Seguridad Democrática, eje de su gestión y que, mediante la fuerza de las armas, ha permitido asestar los golpes más duros a las FARC y devolver cierta seguridad al país.
Su delfín político, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, se convirtió este viernes en su heredero al confirmar sus aspiraciones a la presidencia por el oficialista Partido de la U tras conocer el fallo del tribunal. «Quiero reafirmar que aspiro a ser candidato a la Presidencia», señaló Santos, antes de garantizar «su lealtad irrevocable» al presidente.
Sus opositores celebraron que «la democracia y la Constitución están a salvo», tal y como dijo el candidato presidencial liberal, Rafael Pardo.
Mientras tanto, decenas de ciudadanos salieron a las calles en Bogotá a festejar el dictamen de los magistrados por considerar que la decisión es un triunfo de la constitucionalidad, incluidos aquellos que valoran positivamente su gestión en los últimos ocho años.
Uribe llegó al poder en el 2002 con una victoria aplastante en las urnas, impulsada por su discurso implacable contra las guerrillas y su rechazo al diálogo para zanjar el conflicto armado que ha padecido Colombia durante los últimos cincuenta años.
En el 2006 fue reelegido tras una enmienda a la Constitución y que pasó en el Congreso inmersa en una polémica cuyo origen era, una vez más el transfuguismo.
Uribe es el mandatario con mayor apoyo popular de la historia colombiana.