Garzón ordenó la grabación de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los tres presuntos cabecillas de la trama (Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo) tras comprobar que, con los principales imputados ya en prisión, «el dinero se seguía moviendo».
En concreto, en el auto del 19 de febrero del 2009 en el que ordenó la intervención de las comunicaciones, el juez de la Audiencia Nacional afirma que en las actividades ilegales de la organización investigada en el ‘caso Gürtel’ podrían haber intervenido varios letrados que, «aprovechando su condición», actuarían como enlace de los tres imputados en prisión con personas del exterior.
Las fuentes de la Fiscalía consultadas consideran por todo ello que, pese a que se anulen algunas de las grabaciones ordenadas por Garzón, este «no va a ser un ‘caso Naseiro'», que investigó la presunta financiación ilegal del PP y terminó con la absolución de los implicados después de que las conversaciones grabadas por orden judicial fueran declaradas nulas por vulnerar derechos fundamentales de los acusados.
Existen otras pruebas
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, está convencido de que una posible anulación de las conversaciones telefónicas tendrá tan sólo un «efecto muy parcial», ya que, como así recordó, la instrucción cuenta con otras pruebas que pueden servir de base para seguir manteniendo el principio acusatorio.
Conde Pumpido, que asistió en Valladolid al acto de toma de posesión de la nueva fiscal jefe de la Fiscalía vallisoletana, Esther Pérez Jérez, mostró su cautela respecto de la posible anulación de las escuchas que pudiera haber tomado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero en cualquiera de los casos, y de confirmarse finalmente, insistió en que ello no provocaría el desmorone del ‘caso Gürtel’.
«No, en absoluto, pues esa decisión siempre tendría un efecto muy parcial, ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción del caso», apuntó el Fiscal General del Estado, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press y volviendo a tomar una actitud de cautela, advirtió de que «la decisión no se conoce oficialmente y hasta ahora es tan sólo una información periodística».