Según el TSJM, Garzón cumplió lo dispuesto en las normas de reparto que estaban vigentes entonces y que le permitían asumir una investigación si estaba relacionada con alguna otra causa que ya estuviera tramitando anteriormente y rechazan los recursos que 23 de los imputados presentaron contra el auto del 6 de agosto del 2008 en el que el juez acordó incoar diligencias previas.
Los recurrentes niegan que los hechos tuvieran «ningún tipo de identidad» con los investigados en el caso ‘BBV Privanza’ y aseguran que Anticorrupción no remitió la denuncia al Juzgado Decano de la Audiencia Nacional para que la enviara a reparto, sino que la presentó directamente en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el de Garzón, «a fin de soslayar las normas de reparto vigentes».
El TSJM, sin embargo, recuerda que al presentar la denuncia la Fiscalía solicitó que se uniera a las Diligencias Previas 161/2000, referidas al llamado ‘caso BBV Privanza’, en el que se investigó por un presunto delito contra Hacienda a clientes de esa entidad que contrataron productos radicados en paraísos fiscales.
Las actividades de Correa
Anticorrupción estimó que las actividades de Correa a través de un entramado societario mediante el que obtuvo beneficios que saldrían de España para regresar posteriormente tras su paso por sociedades opacas en el exterior estaban relacionadas con el ‘caso BBV Privanza’, especialmente por su vinculación con el despacho del abogado Luis de Miguel, que había sido investigado en esa causa.
Garzón accedió a la solicitud de la Fiscalía, incoando unas nuevas diligencias previas para no perjudicar la investigación y acordando recabar testimonio de la entrada y registro en el despacho de De Miguel que obraba en la causa anterior.
Ahora, el TSJM avala la actuación del juez diciendo que «ante la aportación de nuevos datos incriminadores» realizados por la Fiscalía en unas diligencias abiertas en el Juzgado de Garzón «con una relación notable aparente con los hechos en ella investigados», el magistrado «optó por una de las posibilidades que ofrecía el Ministerio Fiscal».
Ésta no era otra que abrir una nueva causa, «asumiendo la competencia de su tramitación en aplicación estricta de las normas de reparto que entonces estaban vigentes, que sólo obligaban en estos casos a dar cuenta al Decanato de esa nueva incoación».
Anuladas parte de las escuchas
«Ninguna irregularidad, por tanto, cabe apreciar en la asunción por ese Juzgado de la competencia para llevar ese procedimiento», concluye el auto de los magistrados Francisco Vieira, Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, los mismos que, según ha informado este miércoles el diario ‘El País’, han anulado parte de las escuchas ordenadas por Garzón en el ‘caso Gürtel’.
El acuerdo se trasladará a un auto judicial en los próximos días y fue adoptado el martes tras cuatro sesiones de deliberaciones, en las que dos magistrados -el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, y Emilio Fernández Castro- emitieron votos a favor de anular las escuchas, frente al criterio del tercer miembro de la sala, José Manuel Suárez Robledano, partidario de validar todas las grabaciones.
Según el periódico, el tribunal ha decidido anular del sumario del ‘caso Gúrtel’ las conversaciones grabadas entre los tres principales imputados y sus letrados, salvo las de un abogado, también imputado, donde se trata de la financiación ilegal del PP.