De las 1.301 víctimas identificadas de entre un total de 6.157 potenciales, un 95 por ciento fueron mujeres, la mitad con edades comprendidas entre los 23 y los 32 años y 13 de ellas menores. Asimismo, según ha señalado Rubalcaba, el 50 por ciento de las víctimas extranjeras se encontraba en situación irregular.
La Policía y la Guardia Civil actuaron contra 158 grupos criminales y detuvieron a 726 personas -412 por delitos de explotación y 314 por trata de seres humanos-, lo que supone un incremento del 34 por ciento con respecto al 2008, y la mayoría, un 66 por ciento, fueron hombres.
También se efectuaron un total de 885 inspecciones administrativas de locales y se levantaron 392 atestados policiales y son los clubes de alterne y los hoteles o plazas los lugares que presentan un mayor número potencial de víctimas.
Dichos datos demuestran, en opinión de Rubalcaba, que la «represión policial» contra las mafias sexuales «está surtiendo sus efectos» aunque, según Aído, aún queda una «ingente cantidad de trabajo por delante».
«La dignidad de estas mujeres»
«Está en juego la dignidad de estas mujeres que son tratadas como esclavas», ha subrayado Aído antes de insistir en la necesidad de seguir trabajando para «frenar la normalización» de este fenómeno.
La ministra ha anunciado que este año el plan integral mantendrá su dotación de 2 millones de euros para medidas de protección y asistencia social, que incluyen proyectos como la creación de unidades móviles y pisos de acogida, de formación para el empleo o atención médica, psicológica o jurídica.
Rubalcaba, por su parte, ha destacado los cambios legislativos que ha conllevado dicho plan, como la introducción del artículo 59 bis en la Ley de Extranjería, que introduce un periodo de reflexión de al menos treinta días durante los cuales la víctima puede decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación.
Se ha referido también al proyecto de reforma del Código Penal, que introduce el tipo delictivo de trata diferenciado del de tráfico, y que incluye el decomiso de los bienes procedentes de estas actividades con el fin de crear un fondo para la lucha contra la trata.
De esta forma, «nos será mucho más fácil llevar a esta gente a los tribunales», ha afirmado Rubalcaba, quien ha advertido a los responsables de estas redes de la «bajísima rentabilidad y altísimo coste» si deciden instalarse en España y les ha alertado de que, si delinquen, «se les va a aplicar todo el peso de la ley».
Preguntado por la mujer nigeriana embarazada que fue expulsada el pasado 17 de marzo de España y que, según la Red Española contra la Trata de Personas era víctima de explotación sexual, el ministro ha recordado que dos tribunales distintos aseguraron que no existía ningún riesgo para la integridad física de la mujer si era expulsada del país.
La policía, ante quien la mujer declaró que ejercía la prostitución de forma voluntaria desde hace cuatro años y que no era víctima de ninguna red de trata de personas, indicó que no podía acogerse al artículo 59 bis de la Ley de Extranjería después de hacer «todas las averiguaciones posibles», ha concluido el ministro.