«Hay que respetar el procedimiento y respetar a los jueces, tanto a los que están manteniendo una posición de enjuiciamiento como al magistrado que defiende su postura», ha asegurado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro.
La vicepresidenta ha defendido que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el archivo de la causa abierta contra Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo no ha entrado en el fondo del asunto.
«No juzga ni prejuzga» la decisión final sobre la actuación del magistrado, ha dicho De la Vega, que ha insistido en el respeto del Gobierno a los procedimientos judiciales.
En su opinión, todavía estamos en una fase del proceso incipiente y «queda mucho recorrido», aunque se ha mostrado convencida de que la decisión final que adopte el tribunal será «una decisión ajustada y razonada», más allá de los análisis políticos o de la «instrumentalización jurídica que puedan hacer determinadas personas o partidos». «No vamos a mezclar una cosa con la otra, no es razonable», ha concluido.
«Directamente afectadas por la querella»
Por otro lado, varias asociaciones han pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la causa que se sigue contra el juez por esta causa. En el texto registrado en el Constitucional, las asociaciones justifican la necesidad de suspender la causa contra Garzón hasta que no se resuelvan esas cuestiones diciendo que la continuación de la misma sin que se les tenga como parte puede causarles «perjuicios irreparables».
Las personas represaliadas por el franquismo «se hallan directamente afectadas por la querella, ya que la misma está dirigida contra toda investigación judicial en la que se instruya, por primera vez, los muy graves delitos de que son víctimas», señala el escrito en referencia a las querellas contra Garzón de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.