Tanto el fiscal Vicente González Mota como la acusación popular ejercida por la asociación Dignidad y Justicia se han opuesto a que Otegi quede en libertad porque consideran que éste quebrantó la prohibición que tenía para salir del país, ya que el año pasado se desplazó a Francia al menos en dos ocasiones para mantener contactos con miembros de ETA.
La sala, compuesta por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López (ponente), entiende que el procesado «no se ha aquietado» a las medidas cautelares impuestas, sino que, «muy al contrario, las ha contravenido con fines» que han originado nuevas actuaciones penales.
Se refiere así a su ingreso en prisión el pasado 16 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón, que le acusó de intentar reconstruir la dirección de Batasuna, mediante un nuevo referente político denominado «Bateragune», por lo que también fueron encarcelados otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos, el ex secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga.
Por ello, el tribunal considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva en Otegi y cree que la medida cautelar de prisión provisional parece «perfectamente adecuada y proporcionada» para evitarlo, además de asegurar su presencia en el juicio.
«Situación personal»
Para la Audiencia Nacional, la situación familiar alegada por el ex portavoz de Batasuna es una «situación personal» que no puede alterar su situación de preso preventivo y señala que «es obvio» que ese internamiento afecta a la familia del interno, una «afección» que, según la sala, es «generalizable» a cualquier recluso.
Además, el tribunal ha tenido en cuenta el «notable aumento» del riesgo de fuga que existe en el caso de Otegi, pues en el juicio, que previsiblemente se celebrará antes de que finalice este año, se enfrentará a penas que pueden oscilar entre diez y catorce años de cárcel por un delito de integración en ETA.
Aparte de Otegi, los ex dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, presos desde el 2007 y pendientes también de ser juzgados por el sumario de Batasuna, han solicitado su puesta en libertad a la sala, que, según han informado fuentes jurídicas, tiene previsto comunicar su decisión este viernes.
Al contrario que con Otegi, la Fiscalía no se ha opuesto a que queden en libertad bajo fianza de 50.000 euros y con la prohibición de salir de España, mientras que para Dignidad y Justicia no pueden quedar libres al existir también en sus casos un «elevado riesgo de fuga» y «reiteración delictiva».