Ese fue el objetivo principal de la Ley de Partidos, fruto de un acuerdo inicial entre PP y PSOE, suscrito en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo -al que después se sumaron CiU y CC, pero no IU, PNV, EA y BNG-, y que ha servido para ilegalizar partidos como Batasuna, ANV o el PCTV y anular cientos de candidaturas electorales vinculadas al entorno etarra.
La ley estableció el procedimiento por el que el Tribunal Supremo puede ilegalizar un partido, a instancias del Gobierno y del Ministerio Fiscal, por dar apoyo a la violencia o el terrorismo, que se estrenó con la ilegalización de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna en marzo del 2003.
Dos meses después el Supremo anuló 241 candidaturas presentadas en el País Vasco y Navarra para los comicios locales del 25 de mayo de ese año -entre ellas las de la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB)- por entender que formaban parte de la «estrategia de sucesión» de Batasuna.
También en mayo del 2003 el TS acordó la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA), la nueva marca de Batasuna en el Parlamento vasco por ver en ella «un artificio más encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización», que fue respaldada en el 2004 por el Tribunal Constitucional (TC).
En mayo del 2004 se anuló la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) al Parlamento Europeo y en abril del 2005 fue anulada la lista presentada bajo el nombre de Aukera Guztiak (AG) a las elecciones vascas, siempre con el argumento de que detrás de estas formaciones se ocultaba Batasuna y, por tanto, ETA.
Pese a ver frustrados todos estos intentos de entrar en las instituciones, la izquierda abertzale no se dio por vencida y en marzo del 2007 presentó un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), en el que el Abogado del Estado y la Fiscalía detectaron inmediatamente un posible fraude de ley.
Fórmulas para eludir el cerco
Ante su posible ilegalización, la izquierda abertzale ya había encontrado otra fórmula para eludir el cerco al que era sometida, impulsando agrupaciones electorales bajo la denominación Abertzale Sozialistak (AS) precedidas del nombre del municipio al que se presentaban a las elecciones locales.
El TS anuló primero todas las candidaturas de AS, aunque permitió concurrir a los comicios del 27 de mayo a las listas independientes impugnadas por la Fiscalía y el Gobierno, y poco después prohibió la inscripción en el registro de partidos políticos de ASB.
Mayo del 2007 fue un mes intenso en el alto tribunal, que además acordó anular la proclamación de las 133 candidaturas presentadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV), partido que finalmente fue ilegalizado el 16 de septiembre del 2008 por su vinculación probada con ETA-Batasuna.
Quedaba todavía la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), una formación desconocida hasta el 2005 cuando ofreció sus «listas legales» a Aukera y Batasuna, y que consiguió 9 de los 75 escaños de la Cámara de Vitoria.
En septiembre del 2008 también fueron ilegalizados el PCTV y ANV, histórico partido independentista, nacido en 1930 de una escisión del PNV, que vio frustradas sus intenciones de participar en las elecciones generales de marzo del 2008.
Llegaron después Askatasuna, partido fundado en 1998 pero «dormido» hasta que presentó candidaturas en los tres territorios vascos para los comicios del 1 de marzo de 2009; y la plataforma electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M), cuyas candidaturas acabaron también anuladas.
Por último, el TS anuló el 16 de mayo del 2009 la candidatura a las elecciones europeas del 7 de junio de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, por creerla «infiltrada» por ETA-Batasuna. Sin embargo, el Constitucional consideró que los indicios eran «insuficientes y pudo concurrir a los comicios, en los que no obtuvo representación.