El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho este miércoles que los letrados del Senado, que son «profesionales al servicio» de la Cámara, «no han vetado» a ningún candidato a la renovación del Tribunal Constitucional (TC), sino que se han guiado por «los requisitos de idoneidad jurídicamente establecidos».
Caamaño se ha pronunciado así en relación con la decisión tomada el martes por el Senado de continuar adelante con la renovación del TC al admitir los candidatos designados en su día por los parlamentos autonómicos, aunque rechazó a dos de ellos, Juan Carlos Campo y Enrique López.
Tras inaugurar el VII congreso español de Criminología en Elche (Alicante), el titular de Justicia ha criticado que el PP calificara de «veto» la desestimación de uno de sus candidatos, Enrique López.
En declaraciones a los periodistas, Caamaño ha recordado que se modificó la Ley Orgánica del TC para que las comunidades autónomas pudieran proponer a los candidatos que les parecieran más idóneos.
A partir de esa normativa, «todos los parlamentos autonómicos» presentaron a las personas que consideraban «más cercanas, decisión que, según el ministro, no se hizo en las comunidades en las que «Génova -sede del PP en Madrid- había dado la instrucción de que se eligiesen únicamente dos candidatos» para todas ellas, con lo que creó un «bloqueo institucional».
La voluntad de renovación
Respecto a la decisión tomada por el Senado, Caamaño ha señalado que ésta corresponde a los servicios jurídicos de la Cámara Alta, que constataron, «por criterios técnicos, que ni López ni uno de los candidatos del PSOE, Juan Carlos Campo, cumplían con el requisito de haber permanecido quince años de ejercicio profesional como juez. «No se trata, por tanto, de una valoración política, ha añadido.
Para el ministro, la reacción de los populares «ejemplifica dónde está la voluntad de renovación. Quienes, como el PSOE, quieren renovar y quienes no».
Preguntado sobre si la continuación del proceso de renovación del TC se producirá antes de que se falle la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, Caamaño ha confiado en que ésta se produzca «lo antes posible, pero que se haga con el «consenso» de la «mayoría».
Para ello ha explicado que hay que «dejar trabajar» al TC que, «se renueve o no, es el órgano «legítimo» para pronunciarse sobre la sentencia del Estatut catalán.