La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha asegurado que «sería una grave irresponsabilidad» por su parte no actuar para evitar las 166 muertes que cada día provoca el consumo de tabaco en nuestro país.
«Mi responsabilidad y mi mandato como ministra es proteger la salud de los ciudadanos, y por eso, el PSOE, junto a IU, ICV y ERC, ha registrado en el Congreso una proposición de ley que tiene como «objetivo fundamental» prohibir el consumo de tabaco en todos los establecimientos públicos a partir del 1 de enero del 2011.
Así de tajante se ha expresado este viernes Jiménez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha analizado un informe sobre la incidencia de la Ley del Tabaco en España.
Tras valorar los «indudables efectos positivos» de esa ley, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que «ahora es necesario hacer un esfuerzo adicional» y extender esos beneficios a los trabajadores de la hostelería y a los menores porque el tabaco mata cada año a 55.000 fumadores y a entre 1.300 y 3.000 no fumadores, y eso es «una tragedia que, desde el Gobierno, podemos y queremos evitar, ha subrayado De la Vega.
Aunque el texto de la futura ley antitabaco ha sido presentada en las Cortes con el apoyo de «algunos partidos políticos, la iniciativa «ha sido consultada con todos» porque en el Congreso todos son conscientes de la necesidad de introducir una reforma que permita «el cumplimiento de los objetivos de la ley».
Amplio respaldo social de la reforma
Jiménez ha destacado el amplio respaldo social de la reforma y ha recordado que, en el 2006, el 34 por ciento de los españoles estaba de acuerdo en endurecer la ley, cifra que en 2009 llegaba a 48%.
Además, aunque en el 2006 la mayoría de los españoles (el 46 por ciento) opinaba que la ley se respetaba «mucho» o «bastante, el 60 por ciento de los encuestados se queja ahora de que los fumadores no cumplen la ley.
Estas opiniones, unidas a los datos del último Eurobarómetro, que advierten que la exposición al humo del tabaco en bares y restaurantes en España está entre el 85 y el 93 por ciento (el doble que en la UE), son los principales motivos que han llevado al Ministerio a promover esta reforma, ha explicado Jiménez.
Cifra «fácil de amortizar»
Jiménez se ha mostrado convencida de que el endurecimiento de la norma ayudará a miles de ciudadanos a dejar de fumar porque en los últimos años se ha reducido el número de cajetillas vendidas y el de cigarrillos consumidos.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno «compense» con ayudas a los hosteleros que han realizado reformas en sus locales para adaptarse a la ley del tabaco, ha aclarado que ese punto no se ha debatido, pero no ha descartado que en el trámite parlamentario se pueda plantear algún tipo de ayudas para los empresarios.
No obstante, ha recordado que esas reformas sólo las han acometido el dos por ciento de los locales en España, con un coste de entre 8.000 y 12.000 euros, una cifra «fácil de amortizar» en cuatro años, ha dicho.