Los productos de consumo que puedan ser fácilmente confundibles para los compradores con discapacidad visual tendrán una etiqueta identificativa en Braille en todos los supermercados y grandes superficies de España, de acuerdo con un real decreto que el Gobierno prevé aprobar en septiembre.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado esta iniciativa este jueves en Palma, en el acto inaugural del seminario sobre seguridad de los consumidores que se enmarca en la programación de actos organizados con motivo de la presidencia española de la UE.
El objetivo es facilitar el acceso a los bienes de consumo a las personas con problemas visuales, según ha remarcado Jiménez en su discurso de bienvenida, quien ha aclarado que el real decreto se está preparando en colaboración con Industria y asociaciones de discapacitados.
No obstante, la ministra ha puntualizado que no todos los productos tendrán la necesidad de llevar esta etiqueta que se facilitará en las cajas de cobro de los supermercados del país, pues lo que se busca es evitar confusiones que supongan un peligro: «que un bote de champú no pueda confundirse con uno de lejía, ha dicho la ministra a modo de ejemplo.
En esta línea, Trinidad Jiménez ha recordado que el pasado 8 de mayo los ministros europeos de Sanidad acordaron que la letra del etiquetado de los productos alimenticios no podrá ser inferior a los 1,2 milímetros, ya que, hasta ahora, la legislación vigente solo apuntaba a que la letra debía ser legible.
Jiménez ha subrayado que ofrecer seguridad en el consumo a las personas es algo fundamental para las administraciones y ha explicado que el pasado año se notificaron cerca de unos 3.000 productos peligrosos en el mercado europeo y que en España más del 60 por ciento de los consumibles que retiran por no cumplir las normas de la UE proceden de Asia, en concreto de China.
El 23,20 por ciento de estos productos notificados en Europa fueron juguetes, si bien en España el mayor número de alertas en 2009 correspondió al calzado.
Estos productos peligrosos (o potencialmente peligrosos) pueden serlo bien porque contengan sustancias tóxicas o bien porque incluyan elementos que pueden causar problemas al usuario. Todos ellos son rastreados mediante el sistema de intercambio rápido de informaciones «Rapex, que funciona en todos los países de la UE.
De las casi 3.000 alertas gestionadas en la UE, 864 fueron generadas por las comunidades autónomas y 2.011 por la Comisión Europea, más otras 78 que fueron notificadas por el Instituto Nacional de Consumo (INC) relativas a productos rechazados en las aduanas.
Estos datos, remarca el ministerio que dirige Jiménez, suponen un incremento del 15 por ciento con respecto al año 2008 y colocan a España como el país europeo que más alertas ha incorporado al sistema Rapex (242), seguido de Alemania (233).