Los sindicatos han preferido dejar para otoño, y concretamente para el 29 de septiembre, la huelga general contra la reforma laboral que este miércoles aprueba el Gobierno, que sigue negociando el apoyo de los partidos, aunque la oposición en general mantiene sus reticencias y esperará a ver el decreto para decidirse.
Los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, confirmaron la fecha del paro general, que se retrasa hasta septiembre porque, según explicaron, en esas fechas se estará tramitando la reforma laboral en el Congreso y también se conocerán las líneas generales de otra reforma relevante, la de las pensiones, así como las principales líneas de los Presupuestos para el 2011.
La fecha ya fue adelantada horas antes por el secretario general de la federación del Metal, Afines y Construcción (MCA) de UGT, Manuel Fernández «Lito, quien recordó que para ese día la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado una movilización en la UE contra los recortes sociales que están decidiendo todos los países miembros.
En rueda de prensa conjunta y multitudinaria, Méndez y Toxo explicaron que la huelga se ha convocado porque han constatado que el texto del Gobierno lesiona los derechos de los trabajadores.
Para calentar motores hasta el 29 de septiembre, ambos sindicatos han preparado «dos grandes escalones» de actos: el primero será el 30 de junio y se celebrarán concentraciones en las distintas comunidades, y el segundo será el 9 de septiembre con un acto masivo en Madrid de representantes sindicales». Entretanto, se reunirán con los partidos políticos para evitar que «empeoren» la reforma durante su tramitación en el Congreso.
Ronda de contactos con los partidos
Mientras, el Gobierno ha cerrado este martes una ronda de contactos con los partidos para que apoyen el 22 de junio la reforma en la Cámara Baja.
Al respecto, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, reiteró que el decreto posiblemente se tramite como un proyecto de Ley por razones legales y explicó que el Ejecutivo debe estudiar con detenimiento la doctrina del Tribunal Supremo que rechazó la reforma laboral del 2002 del Gobierno del PP y que fue impugnada. También reconoció que este miércoles, en su paso por el Consejo de Ministros, puede tener «algún cambio» fruto de las negociaciones políticas.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que su partido será «consecuente» con la demanda de que haya reforma laboral y de la del Gobierno dijo que se ha centrado en el despido y no en la negociación colectiva o en la formación profesional.
Posteriormente, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, dijo que, tras reunirse con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, su partido se siente «profundamente incómodo» con la propuesta del Gobierno e insistió en que hasta que no conozcan el texto definitivo no anunciarán si lo apoyarán o no.
CiU esperará hasta el día 22, para decidir su voto, según su portavoz parlamentario, Josep Antoni Durán i Lleida, quien advirtió al Ejecutivo de que a día de hoy el documento no le satisface, y «no sería aceptable»
Reforma laboral «estimable»
Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, adelantó que el decreto del miércoles está «sujeto a cambios» y que éstos podrían afectar a aspectos «nucleares» y «muy relevantes, por lo que estimó que deben hacer un estudio «muy ponderado» de su voto.
También el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, supeditó el voto favorable de su partido a un compromiso «concreto» del Gobierno de incluir algunas de sus reivindicaciones, como una mayor flexibilidad de la negociación colectiva a nivel territorial y mejoras en las causas objetivas del despido.
Ridao indicó que continuará reuniéndose con técnicos del Ministerio de Trabajo el jueves y viernes tras asegurar que «no debería ser imposible» llegar a un amplio acuerdo parlamentario para aprobar una reforma laboral, que en su opinión es «estimable».
Por otra parte, ICV e IU criticaron que nadie del Ejecutivo les haya llamado para dialogar sobre la reforma laboral y enviaron una carta al ministro para decirle que «no pasa nada» porque hable con la izquierda.