Las Cortes de Castilla y León, con el apoyo de la mayoría parlamentaria del PP, han reclamado este jueves que el Gobierno aplique el mismo criterio para la central nuclear de Garoña (Burgos) que para la de Almaraz (Cáceres), que acaba de obtener un nuevo permiso de funcionamiento por un periodo de diez años.
La procuradora del PP Cristina Ayala ha recordado en su intervención para defender una proposición no de ley que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha redactado para Almaraz un informe favorable, pero ha agregado que esta circunstancia también concurrió en el caso de Garoña, que sin embargo se cerrará en 2013.
Ayala ha remarcado que quienes se verán perjudicados por el cierre serán las personas que tienen su trabajo en la central nuclear de Garoña y en las empresas vinculadas a su actividad, por lo que ha insistido en que «a Castilla y León le conviene que siga abierta».
«La clave está en que son centrales seguras, ambas deberían tener el mismo derecho a seguir abiertas, ha zanjado Ayala, quien ha dado un «insuficiente» a los socialistas en «compromiso con Castilla y León».
El procurador socialista Fernando Benito ha acusado a los populares de «oportunismo» por rescatar ahora, cuando se produce la prórroga para Almaraz, una proposición no de ley presentada en febrero pasado, cuando «interpretaron mal» el anteproyecto de ley redactado por el Gobierno para regular el modo en que se conceden las prórrogas a las centrales nucleares.
Benito ha mantenido que la intención del PP es «arañar algún voto» con un debate sobre la continuidad de Garoña, en lugar de «plantear un debate serio, riguroso y sosegado» al que ha emplazado para alcanzar un «pacto energético, que, en su opinión, es «lo que interesa a este país».