Casi cuatro años después de que el PP interpusiera el primer recurso contra el Estatuto de Cataluña y tras cerca de dos años y medio de deliberaciones sobre el fondo del asunto, el pleno del Tribunal Constitucional se reúne este lunes para votar contrarreloj el séptimo borrador de sentencia.
Se trata del último intento de notificar la resolución antes de que comience la precampaña de los comicios autonómicos catalanes previstos para el próximo otoño, para respetar así la costumbre -una auténtica «ley no escrita»- que establece que el Constitucional nunca se pronuncia en periodo electoral sobre temas polémicos.
La presidenta del tribunal, María Emilia Casas, convocó el pasado jueves el pleno para este lunes y los días sucesivos, pero veinticuatro horas después se modificó el orden del día para incluir el examen de los recursos de la Generalitat contra la decisión de no inhibirse en el asunto del Estatut y de confirmar la exclusión de los debates del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps.
Esta circunstancia, según las fuentes consultadas en el tribunal, podría suponer que el pleno no empiece a estudiar de inmediato el texto en el que Casas ha estado trabajando casi un mes, desde que el pasado 19 de mayo asumiera la ponencia hasta que el pasado miércoles entregara el texto a sus compañeros.
Éste es muy similar al último de los cinco que la primera ponente de la resolución sobre el Estatut, la progresista Elisa Pérez Vera, presentó al pleno, y que fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril.
Ese borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut -entre ellos algunos de los referidos a la lengua, el Poder Judicial en Cataluña y las competencias del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán)- y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar esa norma.
Aprobación artículo a artículo
Descartada la posibilidad de que la nueva ponencia vaya a ser aprobada en bloque, en vista de lo sucedido tanto con los borradores de Pérez Vera como con el que más tarde presentó el conservador Guillermo Jiménez, los diez magistrados que componen el pleno votarán el nuevo proyecto de resolución artículo por artículo.
Casas planteó hace semanas a sus compañeros esta alternativa -que implica que la votación se prolongue a lo largo de varios días-, sin que ninguno de ellos se opusiera.
Antes, sin embargo, el pleno verá los recursos que la Generalitat ha presentado contra dos de las últimas decisiones del tribunal, que rechazó la petición del Gobierno catalán de que Pérez Tremps, recusado por el PP, participe en la votación si ésta se lleva a cabo por bloques.
El argumento del Govern es que su recusación se basó en la elaboración, antes de ser magistrado, de un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, por lo que no habría obstáculos para intervenir en el debate sobre el resto de los puntos del Estatut.
La petición fue rechazada en sólo veinticuatro horas por el tribunal, que argumentó que la recusación del magistrado en 2007 fue «una resolución firme e irrecurrible» -aunque el Gobierno catalán ha vuelto a recurrir- que implicaba su exclusión de las deliberaciones sobre el conjunto del Estatuto y no sólo de una parte.
El pleno también examinará los recursos de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra la decisión del Constitucional de no declararse incompetente para resolver sobre el Estatut una vez que el Senado ha puesto en marcha el procedimiento para la renovación de los cuatro magistrados que se encuentran en funciones desde finales de 2007, entre los que se cuenta la propia Casas.