El Congreso ha admitido este martes a trámite por unanimidad la Proposición de Ley que prohibirá fumar en espacios públicos cerrados, aunque ha recibido las críticas de algunos grupos, entre ellos el PP, por ser escasamente ambiciosa en la promoción de la salud y por el modo en que ha sido presentada.
La iniciativa, consensuada por PSOE, IU-ICV y ERC, atravesará ahora «un debate profundo y sosegado para que, sin perder su objetivo fundamental, se consiga un texto lo más consensuado posible, en palabras de la socialista Pilar Grande.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha vuelto a proponer enero del 2011 como fecha de entrada en vigor de esta modificación legislativa, que contiene un artículo único dirigido a liberar del humo a los bares, locales de ocio y establecimientos de la hostelería.
En el borrador quedan exentas de la prohibición de fumar algunas habitaciones de los hoteles, los clubes de fumadores y los espacios donde haya personas recluidas, como cárceles y psiquiátricos, que tendrán que habilitar espacios para fumadores.
Todas las personas implicadas
En declaraciones a los periodistas, Jiménez ha agradecido a los otros portavoces «el tono constructivo» con el que han debatido la propuesta en el pleno de la Cámara Baja así como el que hayan manifestado que «están de acuerdo con el fondo de la proposición».
El diputado del PP Mario Mingo ha respaldado que se debata esta iniciativa «buscando más lo que nos une que lo que nos desune» pero ha advertido de que con ella no se reducirá el número de fumadores. Ha recordado que en el 2006, cuando entró en vigor la Ley que ahora se modifica, fumaban el 26% de los españoles y actualmente lo hacen un 27%.
Mingo ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de «todos los afectados» en la Cámara, si logra para ello el apoyo de los otros grupos, lo que podría retardar el proceso parlamentario.
Jiménez ha salido al paso de esta última petición, al alegar que no es «necesario» pedir comparecencias porque ya se ha reunido «absolutamente con todas las personas implicadas» -sociedades científicas, hosteleros, sindicatos y partidos-, además de estudiar numerosos informes oficiales de otros países de la Unión Europea.
El Gobierno no ha querido «quemarse más»
Los grupos que no han participado de la iniciativa han criticado el que se haya presentado en forma de proposición y no como un anteproyecto de Ley de la mano del Ejecutivo, con lo que el borrador se librará de los informes preceptivos de diversos organismos.
Entre ellos, Rosa Díez, de UPyD, ha ironizado con que el Gobierno no ha querido «quemarse más, haciendo que el debate sobre un asunto tan «trascendental» sea «más pobre y menos transparente».
En respuesta, la ministra ha explicado que se ha optado por este modelo de tramitación más sencillo porque se trata de la «modificación» de una Ley, que ya superó en su momento todos los pasos exigidos.
«No era necesario iniciar todo el trámite parlamentario, era necesario hablar con todos los sectores y, fundamentalmente, dejar que los grupos políticos fueran protagonistas en la reforma planteada, ha comentado.
Otros partidos como PNV o CIU han lamentado que la modificación legislativa no plantee objetivos más ambiciosos para lograr que cada vez menos personas se incorporen a este hábito y para que muchas otras lo dejen, algo que intentarán corregir con diversas enmiendas.