El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que los grupos parlamentario del PSOE y del PP llevan trabajando varias semanas «discretamente» en el borrador de la nueva Ley integral de Víctimas del Terrorismo y que están «ya a punto» de alcanzar un acuerdo en este sentido.
Así se ha pronunciado el titular de Interior al ser preguntado por la tramitación de la futura ley en un día en el que los grupos parlamentarios socialista y popular han presentado el borrador de la misma a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de los sindicatos policiales, que han aportado sus sugerencias al texto.
Rubalcaba ha dicho que la voluntad del Gobierno es que haya una proposición de ley para que los grupos parlamentarios sean los que se pongan de acuerdo para que el Parlamento «reelabore y revise» la ley que tenemos en este momento.
Y que si ese acuerdo se cierra definitivamente, habrá una proposición de ley que revisará la actual ley de Solidaridad, que, ha dicho, «merece una revisión para recoger el carácter integral que la ayuda a las víctimas del terrorismo deben tener por parte de la Administración del Estado y del resto de administraciones.
Efectos retroactivos desde 1960
La futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de indemnizaciones y ayudas.
Así consta en la exposición de motivos del proyecto de ley que, entre otras novedades, reconoce la figura de los «amenazados» y establece un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos.
Amplio «régimen de protección social»
La ley fijará una cuantía específica de indemnizaciones en los supuestos de fallecimiento, invalidez o lesiones no invalidantes, de forma que todas las víctimas tengan el mismo trato, evitando posibles discriminaciones ante situaciones iguales.
Además, la ley contempla su aplicación retroactiva a todos los actos terroristas acaecidos a partir del 1 de enero de 1960, de forma que se compensará a quienes en aplicación de una legislación anterior hayan podido recibir ayudas o indemnizaciones inferiores a las que establece la nueva ley.
El proyecto incluye además un amplio «régimen de protección social» para atender a las necesidades de toda índole que «a lo largo de la vida» puedan tener quienes han sufrido un atentado terrorista, como la atención psicológica especializada o el acceso al empleo público en condiciones preferentes.
En defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, el texto prohíbe de forma expresa la existencia en lugares públicos de monumentos, escudos, insignias o placas de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha asegurado que el texto es «esperanzador» porque recoge algunas de las reivindicaciones históricas de las víctimas.