El PP y el PSOE han pactado este lunes una reforma normativa que evitará que Batasuna o cualquier partido ilegalizado pueda presentarse a las elecciones mediante subterfugios legales, incluso dentro de la candidatura de un partido legal, cuya lista podría ser anulada por dar cobijo a estos candidatos.
De acuerdo con esta reforma, incluso si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, sería expulsado por la incompatibilidad de su acta con la pertenencia a una agrupación, federación, coalición o partido declarado ilegal.
En conferencia de prensa, anunciaron el pacto el diputado del PSOE José María Benegas, y el del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoces ambos de sus grupos en esa subcomisión.
El acuerdo de socialistas y populares retoca varios preceptos de la legislación electoral vigente, sobre todo el artículo 44, pues se amplía a partidos políticos, a federaciones y a coaliciones la prohibición de presentación de candidaturas, hasta ahora sólo aplicable a las agrupaciones de electores.
«Listas instrumentalizadas»
Tal y como explicó Bermúdez de Castro, se anularán aquellas listas en las que figuren personas que continúen la actividad de partidos ilegalizados, ya que serían esas listas las «instrumentalizadas». Ahora bien, si esa instrumentalización por las fuerzas ilegalizadas se extendiera a las estructuras financieras o administrativas de un partido legal, ese partido sería ilegalizado.
Este supuesto, de acuerdo con las palabras de Bermúdez de Castro, es poco probable, pero por si ocurriera, esta reforma de la legislación electoral ya contendría garantías para proceder a la ilegalización de un partido en ese caso.
La posibilidad de anular listas instrumentalizadas por Batasuna o fuerzas afines se extiende hasta la misma campaña electoral, en concreto hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria oficial de los comicios, es decir, hasta una semana antes de la jornada electoral.
Se alarga también a los días posteriores a la votación, pues desde entonces hasta la proclamación de electos, la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal podrán cursar un escrito pidiendo la suspensión cautelar de esos electos sospechosos de incumplir la Ley de Partidos.
El Tribunal Supremo podría determinar entonces que esos electos forman parte de un partido que continúa la actividad de otro ilegalizado, de modo que resolvería que no pueden ser proclamados.
Por otro lado, los integrantes de aquellas candidaturas objeto de recurso no podrán acceder al censo electoral.
Benegas aseguró que esta modificación legislativa va a evitar que Batasuna pueda utilizar «subterfugios» para presentarse a las elecciones, y Bermúdez de Castro ha coincidido en que se establecen garantías para que «ETA-Batasuna» no pueda encontrar «recoveco alguno» para entrar en las instituciones.