La portavoz ‘popular’ en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este miércoles que en España se usa mucho «la pena del telediario», en referencia a la presencia de medios de comunicación en algunas detenciones de políticos, como ayer en Alicante, lo que ha contrastado con otros casos, como el de Seseña.
En declaraciones a Radio Nacional, Sáenz de Santamaría se refería así a la presencia mediática en la detención, entre otros, del presidente de la Diputación de Alicante, Jose Joaquín Ripoll, puesto en libertad horas después.
Preguntada por si pondría la mano en el fuego por Ripoll, ha recordado que la Constitución recoge la presunción de inocencia, lo que permite «no tener que poner la mano en el fuego hasta que haya una sentencia».
Ha pedido prudencia, ya que aún se desconocen las circunstancias del caso «más allá de lo que vimos ayer, un registro, una detención de 12 horas que acaba con la puesta en libertad».
La portavoz parlamentaria se ha mostrado sorprendida por que «se lleven a cabo las detenciones de esa manera», lo que ha definido como «la pena de telediario».
A su juicio, la corrupción afecta a todos los partidos y debe de ser erradicada de la política, si bien ha opinado que «no debería utilizarse como se usa, con gran aparato en determinados momentos».
En su opinión, «unos casos van muy deprisa y otros no», por lo que ha pedido al Fiscal general del Estado que actúe con igualdad, «sobre todo, en casos que son patentes», porque «no está para tapar los asuntos malos de nadie, sino para destapar los de todos».
Sáenz de Santamaría se ha referido al caso de Seseña, abierto en la Fiscalía Anticorrupción desde julio de 2006, «que no se ha vuelto a saber de él» y «no es una cosa que no se vea».
Ha aludido a un informe del Tribunal de Cuentas «muy preocupante» y a otro de la Intervención General de la Administración del Estado «que dice que ahí ha habido una pasividad incomprensible o la protección de intereses ilegítimos», y la Fiscalía «lo tiene parado desde hace cuatro años».
Por ello, ha pedido al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, que si se quiere erradicar la corrupción, «que no diferencien, que un corrupto es un corrupto, con independencia de donde proceda» y «la justicia no puede diferenciar entre colores» políticos.
En cuanto a la situación del PP en la Comunidad Valenciana, con la presunta implicación de dirigentes como Carlos Fabra o Francisco Camps, ha considerado que algunos casos son muy conocidos y que existen otros, en los que estarían implicados socialistas, que son menos exhibidos en los medios de comunicación.
Ha recordado que, en ocasiones, esos asuntos «se quedan en nada» y ha puesto el ejemplo de que en Murcia o en Canarias ha habido detenciones y denuncias, «que luego han quedado en nada».