El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a Israel, Turquía y la Corte Penal Internacional (CPI) si han abierto una investigación sobre el ataque a la «Flotilla de la Libertad», en la que murieron nueve activistas por disparos de soldados israelíes.
En un auto dictado este viernes, el magistrado ha abierto diligencias previas a fin de determinar la competencia de este tribunal para investigar los hechos antes de decidir si admite a trámite la querella interpuesta por los tres cooperantes españoles que viajaban en el buque contra el jefe del Ejecutivo israelí, Benjamín Netanyahu, seis ministros de su Gobierno y un alto cargo militar por delitos de lesa humanidad.
Según el sustituto de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5, los hechos denunciados el pasado 23 de julio por los activistas Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» aunque considera «prematuro aventurar una calificación indiciaria definitiva».
Ruz se ha dirigido a la Fiscalía para que le informe sobre su competencia para investigar el abordaje de la flotilla humanitaria «Mavi Marmara» en el que murieron nueve activistas turcos por disparos israelíes el pasado 31 de mayo.
También ha pedido mediante una comunicación enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Sihasak Phuangketkeow, que le remita los informes de la misión de investigación independiente nombrada el pasado viernes para indagar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el ataque del ejército israelí a la flotilla mientras se dirigía Gaza.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada el pasado mes de septiembre, puso nuevos limites a la jurisdicción universal restringiendo la actuación de la Audiencia Nacional a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España, y siempre que no se haya abierto una «persecución efectiva» de los mismos hechos en el país donde se han cometido o en un tribunal internacional.
Por ello, Ruz ha cursado comisión rogatoria a Israel, país originario de todos los querellados y en cuyo territorio se inició el ataque a la flotilla «Mavi Mármara», y a Turquía, de donde procedían ocho de los nueve fallecidos y la bandera del buque, para que le informen si existe algún procedimiento abierto allí sobre el ataque.
Con el mismo objetivo ha remitido una solicitud de cooperación a la CPI y a la Fiscalía adscrita a este tribunal.
En la querella que presentaron la semana pasada en la Audiencia Nacional, los tres cooperantes consideran culpables a los ocho altos cargos israelíes de un delito de lesa humanidad con resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura menos graves y de otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Además del de Netanyahu, el escrito recoge los nombres de los ministros de Defensa, Ehud Barack; el de Asuntos Exteriores, Avignor Lierberman; el de Interior, Eli Yishai; el de Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; el de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya’alon; y el ministro sin cartera Benny Begin, así como contra el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom.
Israel, explican, «abordó violentamente» los seis barcos que conformaban la «Flotilla de la Libertad» que «se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria con 750 personas a bordo».
«Días antes de producirse los abordajes y la masacre, siete ministros israelíes se reunieron para concretar la operación» que la «planificaron y dieron orden para dar el ataque», aseguran.