En junio de 2007, el Tribunal Constitucional falló en contra del Decreto Ley de la Reforma Laboral que había promulgado el Gobierno de José María Aznar en 2002 y que le costó una huelga general. Entonces, como ahora, la propuesta sindical de servicios mínimos en el transporte fue el caballo de batalla.
Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, vio cómo se suspendía el servicio del AVE y el resto de trenes de larga distancia, sentándose así un precedente que los sindicatos reclaman para la huelga general del 29-S. El problema es que entonces el AVE sólo unía Madrid y Sevilla y ahora enlaza las ciudades de Barcelona, Zaragoza, Huesca, Málaga, Segovia, Toledo, Guadalajara, Córdoba, Calatayud y Lérida.
Respecto al transporte aéreo, los sindicatos no quieren que en los aeropuertos aterrice ni despegue ningún avión internacional y que no circule ningún tren de largo recorrido.
Así, los sindicatos plantean al Gobierno unos servicios mínimos en Cercanías -que los dejarían sólo al 25% de las líneas-, y en vuelos nacionales, así como la suspensión total del servicio en trenes de larga distancia y vuelos internacionales afirmando que se han inspirado en lo que fijó el Gobierno Aznar en la huelga de 2002.
En el mar, se propone un buque en cada línea nacional y que el resto de la flota internacional permanezca atracada. En el transporte por carretera no se fija ningún autobús que coincida con otro medio de transporte.
De esta manera, UGT y CCOO proponen unos servicios mínimos ante Fomento que, según ellos, calcan la orden ministerial del 14 de junio de 2002, misiva que fue recurrida por CCOO por no haber sido publicada en el BOE y porque dejaba en manos de la dirección de las empresas públicas la potestad de decidir qué porcentaje de la plantilla cubriría el servicio mínimo.
Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional, en diciembre de 2002, como el Tribunal Supremo en mayo de 2007, desestimaron el recurso sindical y avalaron la orden de Fomento.
Tanto en el caso de la huelga del 2002, como en la del 2010, finalmente es el Gobierno quien tiene la potestad de decretar los servicios mínimos durante la jornada.