Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad rechazar cualquier decisión del Gobierno central dirigida a aprobar la instalación en el municipio valenciano de Zarra de un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares «sin contar con la voluntad del pueblo valenciano».
Todos los grupos de la Cámara han apoyado la propuesta de resolución planteada en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat por el PP, que no ha respaldado las iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de Esquerra Unida y del grupo Compromís.
La propuesta aprobada, que también advierte de que Les Corts «impedirán» la instalación de este almacén en caso de aprobarse, se remite al acuerdo de la comisión de Seguridad Nuclear de Les Corts en 2006 que ya rechazó la ubicación en Zarra de un ATC, y que no se trasladó al Gobierno central porque no se especificaba en el texto.
El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que el Gobierno central se planteara la posibilidad de que Zarra acogiera el cementerio nuclear sin tener en cuenta el rechazo que existía hacia el mismo, tanto en la comarca como en los pueblos adyacentes, como en el Gobierno autonómico.
Betoret ha criticado que el Ejecutivo central quiera dar a la Comunitat Valenciana «aquello que no quieren en ningún lugar, mientras le siga negando aspectos como el agua la financiación o la construcción de infraestructuras viarias fundamentales para su desarrollo.
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las «declaraciones políticas» y comprometerse a impedir «judicialmente y administrativamente» que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.
Mollà ha insistido en ir «más allá de las declaraciones políticamente correctas» y avanzar en «los impedimentos administrativos y judiciales» para evitar que si el Gobierno declara bien de interés comunitario esta instalación pueda «pasarse a la torera» las declaraciones política de Les Corts.
La parlamentaria de EU Marga Sanz ha pedido al Gobierno valenciano que dé «un valor» a las movilizaciones de los vecinos del Vall d’Ayora que han demostrado «un compromiso cívico con su territorio y con la seguridad de sus habitantes rechazando la ubicación de la ATC».
El grupo socialista, por su parte, también ha presentado una propuesta de resolución rechazando este almacén de residuos nucleares, que todavía no se ha debatido.
Los grupos de la Cámara valenciana también han aprobado por unanimidad una propuesta del PP para instar al Gobierno a modificar el Código Penal para ampliar los supuestos tipificados con más precisión y endurecer las penas a quienes provoquen incendios forestales de manera intencionada o por negligencia.
El PP también ha sacado adelante, con la abstención del PSPV-PSOE, una iniciativa en la que expresan su solidaridad con los vecinos de los municipios del sur de la provincia de Valencia afectados por los «graves incendios forestales» del pasado mes de septiembre y piden al Gobierno su colaboración para «paliar los daños producidos» por el fuego.