El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la información previa abierta al juez de Getafe (Madrid) José María Celemín, denunciado por presuntamente retrasar los procedimientos de concesión de nacionalidad e interrogar a los inmigrantes sobre Historia española.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el acuerdo de archivar esta investigación al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 y del Registro Civil de Getafe fue adoptado ayer por la comisión disciplinaria.
Para los vocales de la comisión disciplinaria no ha quedado acreditado que el juez de Getafe realizara «preguntas impropias, inoportunas, improcedentes o de cualquier forma ofensivas en la tramitación de los procedimientos de solicitud de nacionalidad por residencia, que obran en la denuncia».
No obstante, han acordado remitir las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado. El pasado mes de julio, la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO) presentó una queja ante el CGPJ y una denuncia contra el juez de Getafe en la que indicaban que éste había vulnerado los derechos de dos ciudadanas colombianas y una uruguaya, a quienes realizó un «examen» de arraigo, en el que incluía preguntas como «qué pasó en España en 1808» o «cómo se llamaba el frente en el que luchó Franco en la Guerra Civil».
AESCO calificó como «impertinentes» las preguntas del juez, ya que considera que los expedientes de tramitación de nacionalidad ya cuentan con elementos objetivos suficientes para valorar el grado de integración social, tales como la historia laboral, el empadronamiento o la escolarización de los hijos.
Por su parte, en la denuncia que la asociación presentó en los juzgados de Plaza de Castilla contra Celemín se asegura que el juez retrasa los expedientes de solicitud de nacionalidad y residencia y que los extranjeros en Getafe llegan a esperar hasta tres años para ver resuelto su expediente.
Por otra parte, el CGPJ ha archivado la información abierta al juez Baltasar Garzón con motivo de la queja presentada contra él por no haberse abstenido en aquellos procedimientos que afectaban a La Caixa -donde trabajaba su hija- y de la ampliación posterior de dicha queja por entender que ralentizó una investigación contra dos entidades bancarias en el caso de Fórum Filatélico.
Según las mismas fuentes, la comisión disciplinaria entiende que «no procede reproche disciplinario alguno» al no haberse formulado en el ámbito del proceso incidente de recusación por las partes, pudiendo hacerlo, y, además, no se aprecia irregularidad o retraso en la actuación judicial.