La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo defenderá la pluralidad de España y los «legítimos anhelos» de autodeterminación de los catalanes en la comisión que abordará la adecuación del Estatut a la sentencia del Constitucional.
En la comisión Estado-Generalitat que empezará a trabajar en unos días para determinar cuales son las disposiciones del Estatuto que deben ser modificadas y adaptarlas al fallo, el Gobierno respetará «de principio a fin» la Constitución y mantendrá el criterio de actuar de acuerdo con el Estado de derecho, ha recalcado De la Vega.
Ha replicado así en la sesión de control a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien le ha pedido que convoque cuanto antes esta comisión y se adopten las medidas necesarias para cumplir la sentencia en lugar de buscar «cómo burlar la ley».
Rosa Díez ha exigido también al Ejecutivo que deje de practicar «el pase foral» y de fomentar el trato «injusto» entre los ciudadanos como, a su juicio, está haciendo en favor de catalanes y vascos.
Y en este sentido, se ha preguntado qué se podía esperar de un Gobierno que para prorrogar un año más «la agonía» económica «compra» seis votos (los del PNV) a cambio de ceder soberanía.
La vicepresidenta le ha respondido que desde que España abordó el proceso autonómico hay «más igualdad» en la distribución de la renta, más autogobierno, más autonomía fiscal y más recursos, «desde Barcelona a Cádiz y desde Murcia hasta Extremadura». Esa igualdad es «compatible» con la autonomía política y con los deseos de autogobierno de los ciudadanos, según ha dicho.
«Eso siempre es bueno para los ciudadanos vivan donde vivan, ha recalcado De la Vega.
Se puede mantener «discrepancias, ha continuado De la Vega, en cuanto a la conveniencia o no de continuar con los traspasos o tener una postura «centralista» como la que tiene Rosa Díez, pero hay tres cuestiones que «usted no puede negar, le ha dicho.
Éstas son, en primer lugar, que la Constitución otorga un «amplio» margen de competencias a las autonomías; segundo, que el Constitucional ha avalado «prácticamente» la totalidad del Estatuto catalán y, por último, ha explicado, que las «dudas» que podía haber sobre algunos aspectos de la norma catalana se han «aclarado» y se han puesto sobre la mesa los criterios para «poder actuar».