El nombramiento de Valeriano Gómez como sustituto de Celestino Corbacho ha sido recibido con agrado por los sindicatos. Si con los cambios de la crisis de Gobierno se inauguran nuevas etapas, en el caso de Trabajo, en general, y del diálogo social, en particular, la ruta que se abre es inédita: no sólo hay un nuevo ministro, sino que la patronal también busca un nuevo líder mientras los sindicatos se encuentran todavía digiriendo el resultado agridulce de la huelga general del 29 de septiembre.
La elección de Gómez, decían esta mañana en los corrillos del Congreso, señala que José Luis Rodríguez Zapatero “quiere hacer de las políticas sociales pieza clave de lo que queda de esta difícil legislatura”. Por ello, tal vez sea la mejor elección para retomar el diálogo social, roto a raíz de la reforma laboral.
Gómez, de 53 años, lleva a gala el ser una persona cercana y dialogante. Es un cualificado economista, especializado en economía del trabajo, forjado en UGT y con excelentes relaciones con Cándido Méndez y con el PSOE, siendo afiliado tanto del sindicato como del partido. Ha sido uno de los asesores de Zapatero en la reforma laboral, aunque parte de sus tesis no fueron tenidas en cuenta. Por ello, el 29 de septiembre acudió a la manifestación, porque consideraba que abaratar el coste del despido no era la solución para el desempleo en España.
Sus retos son claros, una vez aprobada la reforma laboral por el Parlamento, su objetivo será reabrir las mesas de negociación y poner a sindicatos y patronal a trabajar en el desarrollo reglamentario de una ley (que no se va a cambiar) a través, entre otras medidas, de limitaciones o controles a la contratación temporal. El nuevo ministro ha mostrado en diversos foros su inclinación, entre otras cosas, por el modelo austriaco, que permite un nuevo tratamiento individualizado de los fondos que se utilizan para costear los despidos.
También se ha mostrado defensor, y ha escrito mucho, sobre políticas activas de empleo. Es un partidario de que haya una mayor atención a los parados para ayudarles a volver a la vida laboral. “Invertimos poco en políticas activas y el tamaño de los servicios públicos de empleo es muy limitado, con sólo 8.000 efectivos, por los 30.000 de Francia, los 75.000 de Reino Unido o los 70.000 de Alemania», apunta Gómez, que también es favorable a que las agencias privadas sean intermediarios laborales, pero no a costa del sector público. Con 4,6 millones de parados, cambiar la tendencia debe ser el principal reto del ministerio.
Otro de los temas a negociar en este momento son los planes de formación continua, que tienen que renovarse y que suelen ser motivo de roces entre sindicatos y patronal. La reforma de la negociación colectiva o las cláusulas de descuelgue de los convenios son asuntos muy delicados que tendrán que ponerse sobre la mesa.
Pero el melón que ya se ha abierto, y que estaba madurando lentamente a la espera del nuevo ministro, es la reforma de las pensiones. Valeriano Gómez es partidario del aumento de la edad de jubilación, tal y como señalaba en un artículo publicado a principios de año, porque el sistema actual, según sus estimaciones, de seguir sin cambios, empezaría a tener problemas en 2025 para colapsarse en 2050. Considera que alargar la edad de retiro debe ir acompañado de otra serie de medidas si no se quiere aumentar la presión fiscal y mantener esta prestación “clave en el Estado de Bienestar”. El Gobierno quiere que se llegue a un acuerdo antes de final de año y que también participen los sindicatos, algo que la patronal e incluso algunos diputados no ve con buenos ojos.
Lo que está claro es que Gómez se va a manejar con soltura en un ministerio que conoce bien y con unos interlocutores sociales con los que también negoció durante su etapa anterior cuando la cartera la ocupaba Jesús Caldera. Que tenga éxito en sus actuaciones, ya es otro cantar.