El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo este jueves en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.
Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.
Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito «muy grave» sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.