“El señor ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importante de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir su responsabilidad”. Las palabras que Alfredo Pérez Rubalcaba dirigió a Rafael Arias Salgado a cuenta de unos retrasos y cancelaciones de vuelos en 1999 se volvieron este jueves contra José Blanco durante el pleno sobre el caos aéreo.
Con este golpe de efecto, Mariano Rajo dejó claro que el PP no se pone del lado de los controladores y entiende que el presidente del Gobierno se viera obligado a decretar el estado de alarma dada la magnitud del problema que vivieron los aeropuertos. Pero eso no significa que respalde la gestión que el ministerio de Fomento ha hecho de un conflicto que viene de antiguo y que motivó que se aprobaran tres decretos en menos de 48 horas para obligar a volver a los controladores a sus puestos.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que había sido “una medida excepcional para una situación excepcional”, Rajoy convino con él en que los únicos “culpables directos” fueron los controladores y en que su forma de actuar fue “ilegítima, ilegal e intolerable”. Pero recordó que en los últimos 6 años el Gobierno no ha sido capaz de acordar un nuevo convenio colectivo que fue renovado por un ministro del PP tal y como lo había dejado un ministro socialista.
Rajoy recordó que su grupo parlamentario apoyó en el congreso en el mes de febrero un decreto que ,según Blanco, “iba a solucionar el problema” y que en agosto se anunció “un principio de acuerdo del que nunca más se supo”. En opinión del líder del PP, el problema del Gobierno es que ha tenido en Blanco “un ministro a tiempo parcial que no se dedica a lo que se tiene que dedicar y se dedica a desplazar con insidias sus fracasos a la oposición”. Las embestidas contra el titular de Fomento desataron una gran bronca en las bancadas socialistas.
Estado de alarma
Pese a todas las críticas de Rajoy, el jefe del Ejecutivo se reafirmó en que decretar el estado de alarma era “lo pertinente” y se ratificó en que es plenamente constitucional equiparar a los controladores con el régimen jurídico militar. No haberlo hecho, dijo, hubiera sido “una grave dejación” porque ser trató de una “desobediencia, un desafío y un incumplimiento flagrante de las leyes”.
El presidente evitó desvelar si prolongará el estado de alarma más allá del 21 de diciembre, para lo que será necesaria la autorización del Parlamento. Agradeció el apoyo general que le brindaron todos los grupos políticos e intentó explicar que si se hubiera arrugado y cedido a las demandas de los controladores, el problema nunca tendrá resolución.
Zapatero no admitió ni las acusaciones de los grupos nacionalistas en el sentido de que el problema parte del modelo centralizado de gestión aeroportuaria ni las acusaciones de Gaspar Llamazares, el más combativo con la forma de actuar del Ejecutivo. El coordinador de IU situó el fondo del problema en las privatizaciones y calificó la actuación de “abuso de poder”. “Y ahora, ¿qué? ¿van a decretar el estado de alerta permanente para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos?”, preguntó. “Ni usted ni el ministro de Fomento son Robin Hood. No roban a los ricos. Parecen más el sheriff de Nottingham”, dijo.