jueves, octubre 24, 2024
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EEUU se planteó sancionar a empresas españolas en Cuba tras victoria del PSOE en 2004

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Estados Unidos se planteó imponer sanciones a empresas españolas por invertir en Cuba tras el regreso del PSOE en 2004, y también hizo gestiones para que el Gobierno panameño no adjudicase las obras de ampliación del Canal al grupo Sacyr Vallehermoso, según unos informes difundidos por Wikileaks.

De acuerdo con estos informes de la embajada de EEUU en Madrid, Washington descartó sancionar a las compañías españolas con intereses en Cuba por la pertenencia de España a la Unión Europea, según ha publicado el diario «El País».

Entre las veinticinco firmas susceptibles de recibir sanciones, figuran compañías turísticas como Sol Meliá, Iberostar, Barceló o NH Hoteles, así como empresas de otros sectores, como Altadis o Repsol.

En los documentos filtrados, hay elogios hacia la postura del Gobierno de José María Aznar hacia Cuba (1996-2004), que, según la versión de EEUU, «hizo mucho para impulsar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba».

Tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, la embajada estadounidense se planteó en julio de ese año si era conveniente mantener la moratoria a la imposición de sanciones a las empresas españolas con inversiones en la isla, pero lo desestimó al considerar que EEUU tenía «poco que ganar y mucho que perder en sus objetivos de política exterior no renovando la moratoria».

No obstante, se lo volvió a plantear a raíz de los gestos de apertura al diálogo con Cuba del Gobierno, según El País.

Washington también intentó, a través de su embajada en Ciudad de Panamá, para que el Gobierno panameño no adjudicase las obras de ampliación del Canal a la constructora Sacyr Vallehermoso y se lo diera a la estadounidense Bechtel.

Pero finalmente ganó el concurso la firma española con una oferta de unos 2.350 millones de euros, según los informes publicados por WikiLeaks.

La embajada recabó información de la consultora CH2MHill, asesor independiente en el proceso, y concluyó que sólo las ofertas de Bechtel y de la también española ACS, que participaba a su vez en el concurso, eran las únicas «creíbles».

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