La disposición final segunda del proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida como ‘Ley Sinde’, se vota hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. El texto del proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) aprobado el 19 de marzo y que en septiembre superó intacto su primer trámite parlamentario al esquivar las cinco enmiendas a la totalidad presentadas en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, PNV y CC se enfrenta de nuevo al Parlamento.
Dicho documento prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan solo cuatro días.
Esta Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor. Además, estudiará cada caso e iniciará cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará, también, de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.
La protesta de los internautas
Este lunes, la Asociación de Internautas anunció que estaba estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba este martes la Ley de Economía Sostenible, que incluye el cierre o bloqueo de páginas web que vulneren la propiedad intelectual por orden judicial. «Si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal y como está ahora mismo no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad», aseguró el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo.
Los primeros pasos de protesta los dio la asociación la semana pasada. Bajo el lema «ayúdales a decir no a la ley Sinde», los internautas invitaban a los ciudadanos a llamar a los diputados para denunciar la aprobación de esta normativa. El pasado domingo, durante doce horas, más de una veintena de páginas webs de enlaces para descargas echaba el cierre como protesta ante la normativa que, según se podía leer sobre un fondo negro al inicio de cada uno de estas páginas, convertirá internet «en una tele más al servicio del poder».
Las redes sociales también llevan calentando el debate desde hace varios días. En Facebook y Twitter algunos usuarios amenazaban con protestar frente a las puertas del Congreso de los Diputados o concentrarse ante el Ministerio de Cultura. «Somos más de un millón contra la ley antidescargas, Sinde dimisión» es un perfil de Facebook, que suma unos 200.000 seguidores, mientras que internautas catalanes han convocado una manifestación a través de esta red social para este martes a las 20.00 horas en la plaza de Cataluña, de Barcelona. «Una manifestación en la que nos unimos todos los usuarios de internet. Por los que queremos libertad para expresarnos sin censuras. Para los que queremos compartir ideas, música, películas o lo que queramos», dice la convocatoria «on line»
Los argumentos favorables del PSOE
Ante las protestas y el miedo generalizado de los internautas a un posible ataque a la libertad de expresión, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, afirmó este lunes que «siempre será un juez» el que autorice el cierre de una página web cuando se pruebe que permite la descarga ilegal de contenidos. Iglesias, en rueda de prensa en la sede socialista en Madrid, ha informado de que el PSOE está negociando con otros grupos parlamentarios para que esta norma, incluida en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, pueda ser aprobada este martes, en el Congreso.
El dirigente socialista ha confiado en recabar estos apoyos para que salga adelante una ley que, según él, trata de «conciliar» los derechos e intereses de los autores y los internautas, «todos ellos legítimos». Ha subrayado que «cuando haya conflicto, siempre será el juez el que, en su caso, autorizaría el cierre de una pagina web», a pesar de que una comisión de propiedad intelectual sería la que lo solicitaría a partir de las denuncias de los afectados.
Para el secretario de Organización, el objetivo de la ley es que se respeten los derechos e intereses de los creadores e internautas. «Se va a hacer y se va a conseguir», se ha mostrado convencido, después de que grupos como el PNV hayan anunciado que votarán en contra si el PSOE no modifica antes el texto.