La Fiscalía de Madrid ha presentado en los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid) una denuncia por sedición contra los controladores de Barajas y de Torrejón de Ardoz que los pasados 3 y 4 de diciembre no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo.
La denuncia se produce el mismo día en que la Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar a los controladores, tras la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA.
Asimismo, coincide con la publicación en el BOE de la orden del Ministerio de Fomento por la que se pone en marcha el proceso de liberalización del servicio de control de torre en los primeros 13 aeropuertos de la red de AENA (Alicante, Valencia, Sabadell, Ibiza, Jerez, Sevilla, Melilla, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, A Coruña, Vigo y Cuatro Vientos).
Tanto el abandono de los puestos de trabajo por los controladores en el inicio del Puente de la Constitución como la liberalización del servicio de control de torres tienen su origen en la entrada en vigor, el pasado 5 de febrero, del Real Decreto Ley de servicios de tránsito aéreo.
Éste modificó, por un lado, las condiciones laborales de los controladores, y, por otro, dio el silbato de salida a la entrada de nuevos proveedores a las torres de control en España.
Se trata de una reforma estructural de la navegación aérea, que, según dijo este miércoles el ministro de Fomento, José Blanco, beneficiará a la industria turística, al tener una repercusión directa en la rebaja, en un 15%, de las tasas de navegación, que en España son las más altas de la Unión Europea.
El largo conflicto que enfrentaba a Aena con los controladores desde la entrada en vigor de la nueva ley desembocó en el cierre del espacio aéreo español durante veinte horas en la noche del 3 al 4 de diciembre, que afectó a unos 600.000 pasajeros y provocó pérdidas a numerosas empresas, sobre todo turísticas, que ahora reclaman los daños sufridos.
Denuncia a los controladores en general
La acción de la Fiscalía, dada a conocer este miércoles, no se dirige expresamente contra un número concreto de controladores, ni a los 26 que fueron citados a declarar por el ministerio público ni contra los 175 que podían ser investigados, sino a los controladores «en general».
La denuncia ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.
Hasta el momento, la única acción judicial contra los controladores por el delito de sedición es la querella interpuesta contra ellos por el sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad-, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.
Si se considera que los hechos y los denunciados son los mismos, la denuncia de la Fiscalía podría corresponder a este mismo Juzgado.
Dado que la Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para tramitar las denuncias que las asociaciones de empresarios y organizaciones de consumidores como OCU y FACUA han presentado, los Juzgados de Madrid serán también previsiblemente los encargados de instruir estas denuncias.
Trece torres liberalizadas
En cuanto a la «externalización» del servicio de control de torre, tras los primeros 13 aeropuertos donde el proceso concluirá dentro de un año, a partir de 2012 se liberalizará el resto, excepto los aeropuertos que tengan servicio AFIS (actualmente La Gomera y El Hierro y posteriormente Burgos, Huesca, Logroño y Córdoba) o control militar por tratarse de bases aéreas abiertas al tráfico civil.
En el proceso podrán participar tanto empresas públicas como privadas y, además, la responsabilidad de fijar las condiciones y parámetros de calidad queda en manos de Aena. Según fuentes de Fomento, hay ya seis empresas interesadas en presentarse al concurso.
La liberalización de las torres de control afectará también a los controladores, aunque los 190 que trabajan en los 13 aeropuertos afectados no perderán su empleo.
Tendrán, no obstante, que decidir si aceptan un nuevo puesto en Aena (casi con toda la seguridad en un centro de control), a lo que obliga la ley, rescindir su contrato con la indemnización correspondiente (hay entre 5 y 8 personas que superan 55 años) o subrogarse a la nueva empresa.