A dos días del inicio de su campaña, FACUA-Consumidores en Acción ha recibido ya más de 1.000 denuncias a través de la web FACUA.org/leydeltabaco por incumplimientos de la Ley del tabaco por parte de establecimientos y organismos públicos.
«En los últimos meses hemos puesto en marcha campañas para denunciar las medidas de Zapatero contra los consumidores, como el tarifazo eléctrico o la de momento fallida ‘Ley Sinde’. Pero esta vez no nos toca criticar al Gobierno, sino apoyarlo, algo que al parecer molesta a algunos», ha dicho el portavoz de FACUA en rueda de prensa.
La cifra ascendía a 1.014 denuncias a las 17.00 horas de este martes. Más de 800 de ellas, las recibidas hasta las 14.00 horas, ya han sido clasificadas por FACUA por provincias para su posterior remisión a las autoridades sanitarias autonómicas.
Andalucía (246), Madrid (149) y Cataluña (128) son las comunidades donde se han denunciado más establecimientos u organismos.
Les siguen Comunidad Valenciana (65), País Vasco (44), Galicia (35), Castilla y León (33), Aragón (32), Castilla-La Mancha (29), Murcia (21), Islas Canarias (19), Extremadura (18), Asturias (15), Cantabria (15), Islas Baleares (15), Navarra (7) y La Rioja (3).
Por provincias, Madrid (149), Málaga (142), Barcelona (95), Valencia (39) y Sevilla (37) están a la cabeza de las denuncias. Tras ellas, Zaragoza (27), Vizcaya (23), Murcia (21), Granada (19), Alicante (16), Asturias (15), Cantabria (15), Córdoba (15), Islas Baleares (15), Álava (14), Pontevedra (14), Tarragona (13), Lugo (12), Burgos (11), Cáceres (11), Cádiz (11), Gerona (11), Las Palmas (11), Toledo (11), Castellón (10), Jaén (9), Lérida (9), Almería (8), Ciudad Real (8), Santa Cruz de Tenerife (8), Valladolid (8), Badajoz (7), Guipúzcoa (7), Navarra (7), Albacete (6), A Coruña (6), Huelva (5), León (5), Huesca (4), Salamanca (4), La Rioja (3), Orense (3), Zamora (3), la ciudad autónoma de Ceuta (3), Cuenca (2), Guadalajara (2), Melilla (2), Palencia (1), Segovia (1) y Teruel (1).
FACUA confía en que esta movilización de los ciudadanos para defender su derecho a la salud propicie más controles por parte de las autoridades sanitarias autonómicas y un mayor nivel de cumplimiento de la norma.