El juez Pablo Ruz ha rechazado llamar a testificar a los usuarios de tres teléfonos del ministerio del Interior, entre ellos el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el «chivatazo» que alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los intercambios de llamadas entre Camacho y el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en la causa, «no resultan en todo caso determinantes para el esclarecimiento de los hechos» ocurridos el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el «chivatazo».
De esta forma, Ruz rechaza la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que, según un nuevo informe del equipo investigador, los testimonios de los usuarios de esos números de teléfono son «irrelevantes para los fines de la presente instrucción».