La Fiscalía General del Estado pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior al considerar acreditado que el nuevo partido de la izquierda abertzale es «una continuación» de la ilegalizada Batasuna.
Así lo ha informado este viernes en una nota de prensa el Ministerio Público, que ha señalado que la Fiscalía interpondrá el próximo mes de marzo -y en cualquier caso antes del día 11 de ese mes, cuando expira el plazo de veinte días hábiles que tenía para ello- la correspondiente demanda ante el Alto Tribunal.
La vía elegida para ello es la del incidente de ejecución de la sentencia de la Sala del 61 del Supremo de 17 de marzo de 2003 que declaró ilegal a HB-EH-Batasuna por formar parte de ETA.
Según la Fiscalía, la decisión de instar la no inscripción de Sortu se ha tomado «tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior, consistente en los estatutos de la nueva formación y los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional».
Además, y hasta que se presente la demanda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continuarán realizando «investigaciones complementarias» bajo la dirección de la Fiscalía.
Los informes de la Policía y de la Guardia Civil, que fueron remitidos por Interior al Ministerio Público el pasado miércoles, concluían que Sortu no es más que un instrumento de Batasuna «al servicio de ETA» y que su rechazo de la violencia -incluida la de la banda terrorista, según recogen los estatutos del partido- es una estratagema para volver a la legalidad.
Así, la Policía consideraba que el papel protagonista jugado por los históricos dirigentes de Batasuna Rufi Etxeberria e Íñigo Iruin el pasado día 7 en el acto de presentación de Sortu que tuvo lugar en Bilbao era un indicio de que el nuevo partido es una continuación de la formación ilegalizada.
Su informe aseguraba que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna y que detrás de los promotores del nuevo partido, aparentemente «limpios» y sin conexiones relevantes con esta última formación, está el entorno político de ETA.
La Guardia Civil sostenía la misma tesis y destacaba que a la presentación de Sortu asistieron más de 30 antiguos cargos o militantes de Batasuna o de otras marcas electorales abertzales como EH, PCTV o ANV e, incluso, un miembro del «aparato político» de ETA.
El instituto armado recopilaba también toda una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses por miembros de Batasuna -como el propio Etxebarria o Txelui Moreno, que ya el año pasado anunciaba la intención de «legalizar una marca propia» y cumplir «a rajatabla» la Ley de Partidos-, así como declaraciones policiales de integrantes de ETA que iban en la misma línea.
Entre estos últimos figuran algunos de los miembros del aparato político de la banda, Ekin, detenidos en las operaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska entre los pasados meses de septiembre y enero.
Y es que en ambos informes se admitía que los estatutos del nuevo partido son irreprochables desde un punto de vista formal, pero recordaban que, en la sentencia en la que el 30 de junio de 2009 avaló la ilegalización de Batasuna, el Tribunal de Estrasburgo relativizaba la importancia de éstos.
En esa resolución, el tribunal dijo que «los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tenidos en cuenta como el único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de ese programa con los actos y tomas de posición de sus miembros y dirigentes».