La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró este sábado que el Ejecutivo y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hicieron «todo lo que estaba en su mano» para advertir sobre los pagarés de Nueva Rumasa.
El regulador financiero español señaló en siete ocasiones durante los últimos dos años que los pagarés del grupo de la familia Ruiz-Mateos no estaban sujetos a su control, ya que su importe era superior a 50.000 euros y no cotizaban en ningún mercado secundario.
Por su parte, las organizaciones de consumidores han recomendado desconfiar de inversiones que ofrezcan intereses excesivos.
El grupo que preside José María Ruiz-Mateos ha revivido 28 años después la crisis que llevó al Gobierno socialista a intervenir la Rumasa originaria en febrero de 1983, aunque en esta ocasión han sido los propietarios quienes han pedido que diez compañías del conglomerado se declaren en preconcurso de acreedores para poder renegociar su deuda.
Para financiarse, Nueva Rumasa realizó varias ampliaciones de capital y emisiones de pagarés corporativos, con los que llegó a captar a 5.000 inversores.
Dos de estos últimos se han dirigido ya a la CNMV para informarse sobre el cobro de sus inversiones, en vista de la actual situación del grupo.
Según la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, «operaciones del calibre» de las efectuadas por Nueva Rumasa deberían haber sido objeto de «una atención especial» por parte de las autoridades.
En su opinión, si bien «es verdad» que la CNMV alertó desde un primer momento sobre los pagarés, esta información «no siempre llega al pequeño inversor».
De los 5.000 inversores que pusieron su dinero Nueva Rumasa, los primeros que lo recuperarán serán los que hayan suscrito pagarés con una garantía real, seguidos por los que compraron pagarés ordinarios y, por último, los que acudieron a las ampliaciones de capital.
Las diez compañías que se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que permite refinanciar la deuda para evitar la suspensión de pagos son Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano.
Los empleados de estas empresas han manifestado su preocupación ante la situación de Nueva Rumasa, que engloba a más de 100 compañías y cuenta con 10.000 empleados en plantilla.
Para los trabajadores de las fábricas de Clesa en León y Galicia, esto era algo que «se veía venir», ya que esta empresa había contraído en 2009 una deuda de 300 millones de euros, de las más elevadas del grupo, con entidades financieras, proveedores y organismos públicos como Hacienda o la Seguridad Social.
Ganaderos de Ávila y Toledo han decidido emprender acciones judiciales contra Nueva Rumasa para poder cobrar, mientras que en Aragón el 70 % de los productores de leche están afectados por los impagos de Cacaolat, otra de las marcas del grupo.
Los empleados de Carcesa, Clesa, Royne y Quesería Menorquina acumulan retrasos de hasta tres meses en sus nóminas.
Ante esta situación, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha asegurado que intentará facilitar «en la medida de lo posible» una salida que permita la continuidad de la actividad y los empleos.
A su vez, los sindicatos CCOO y UGT y varios Gobiernos autonómicos han transmitido mensajes de «tranquilidad» a las plantillas de Trapa, Hotasa e Hibramer.
El entrenador y el capitán del Rayo Vallecano indicaron que están «tranquilos» tras hablar con Ruiz Mateos, y confían en llegar a una solución.