El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el «caso Malaya», Juan Antonio Roca, ha afirmado este miércoles que en 2005 pretendía poner su patrimonio, que ascendía a 210 millones de euros, a nombre de sus hijos y figurar él mismo como administrador.
En este sentido, ha precisado que «en ningún momento» trató de ocultar que su patrimonio o el patrimonio de sus sociedades era suyo, sino que «disfrutaba» de lo que le pertenecía a ojos de todos. «Si tratara de ocultar que la titularidad era mía no hago que en 2005 se escrituren las sociedades a nombre de mis hijos», ha matizado el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
Roca, que ha repasado junto al fiscal las operaciones de varias de las 71 sociedades que se le atribuyen, ha señalado que, como estrategia empresarial, tenía en cartera algunas empresas «por si hubiera que hacer alguna operación». «Para hacer operaciones de compraventa uso sociedades por si después se tienen que liquidar», ha subrayado el principal acusado del «caso Malaya», quien ha matizado que, en caso de que no se haga la compraventa, se traspasan a una sociedad patrimonial de tenencia de bienes, de forma que la otra entidad queda inactiva.
Por otro lado, Roca ha señalado que Manuel Sánchez Zubizarreta, uno de los propietarios del gabinete jurídico implicado en el caso, era quien determinaba los administradores en este despacho cuando él estaba inhabilitado, y ha recalcado que no había ningún documento que sustanciara esa fiducia. A este respecto, ha dicho que tenía confianza plena en dicho gabinete jurídico, Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor.
Roca ha insistido en que nunca ha dudado de la honestidad que siempre ha garantizado tanto este gabinete como las personas con las que él «se entendía y conocía desde hace treinta años».
A partir de 2005, según el exasesor urbanístico, Zubizarreta sufría problemas de salud y pretendía retirarse, por lo que él mismo se hizo cargo de «todas o partes de las cosas» que se llevaban desde este despacho de abogados.
En esta fase, que analiza el blanqueo de capitales en operaciones y sociedades vinculadas a éste, Roca ha explicado que en 1995 creó una sociedad patrimonial para ser tenedora de una colección compuesta por diez coches antiguos, todos ellos propiedad de dicha entidad.
Preguntado por el fiscal acerca de los activos -a quiénes se vendían y qué se obtenía con ellos- de una de sus sociedades, Marbella Inversiones, Roca ha tratado de explicar una a una todas las operaciones que llevó a cabo, que continuará detallando en la próxima sesión del juicio.
El «caso Malaya», cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.