La Sala del 61 del Tribunal Supremo considera una «amenaza objetiva y grave» para la democracia que Batasuna, utilizando la «pantalla» de Sortu, pudiera presentarse a las próximas elecciones, con el riesgo de que ETA pudiera obtener financiación para continuar con su actividad terrorista.
Ésta es una posibilidad que el Poder Judicial «no puede permitir», según dice el auto notificado hoy en el que se prohíbe la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, aceptando las demandas interpuestas por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, y que ha sido apoyado por 9 de los 16 magistrados que la integran, mientras que los otros 7 han suscrito un voto particular.
El auto, de 217 páginas, plasma las conclusiones de la mayoría de la Sala, es decir de su presidente, Carlos Dívar, y de los magistrados Juan Saavedra -presidente de la Sala de lo Penal-, Ángel Calderón -presidente de la Sala de lo Militar- y los magistrados Aurelio Desdentado, Ricardo Enrique Sancho, Carlos Granados, Jesús Corbal, Carlos Lesmes -ponente- y Francisco Javier de Mendoza.
La resolución considera acreditado que Sortu pretende suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando para ello una «estrategia fraudulenta». Así, explica, el fraude de ley fue diseñado por ETA en 2009 y ejecutado en connivencia con Batasuna con el objetivo de que el ilegalizado brazo político de la banda terrorista, a través de Sortu, pudiera presentarse a las próximas elecciones «para así incorporarse a la vida política en condiciones de legalidad».
«Hemos llegado a la conclusión de que existe una prueba contundente y completa de la existencia de un intento de fraude perpetrado por una organización terrorista -ETA- en connivencia con su brazo político -Batasuna- para participar en la vida política, instrumentalizando otra formación de «nueva» creación -Sortu- con el fin de aprovechar los beneficios de todo tipo que proporciona a ésta la legalidad vigente», aseguran los magistrados.
Unos beneficios, explican, entre los que se encuentran la posibilidad de presentarse a las elecciones, obtener subvenciones electorales o manejar presupuestos municipales y autonómicos, «lo que determina que exista un riesgo previsible, grave e inminente (…) de que esas fuentes de financiación sirvan para facilitar la prosecución de la actividad terrorista de la banda ETA».
También cree probado la Sala que la condena de la violencia por parte de Sortu, incluida la de ETA, y la presentación de unos estatutos en los que se afirma su compromiso con los valores democráticos constituyen «un engaño diseñado y ejecutado por ETA-Batasuna» para conseguir la legalización de esta última.
Esta actitud de Sortu «aparentemente democrática» no es real sino que forma parte de un nuevo fraude de ley de la banda terrorista para conseguir sus objetivos, al objeto de recuperarse de la situación de debilidad que le ha ocasionado la ilegalización judicial y el acoso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», sostiene el auto.
Conclusiones de la Sala 61
La Sala llega a estas conclusiones a partir de los documentos intervenidos a presuntos miembros de ETA y a Batasuna, así como a partir de informaciones periodísticas que revelan la participación de supuestos etarras y de dirigentes de la formación ilegalizada en reuniones y actos públicos relacionados con Sortu.
La prueba principal se contiene en el documento de ETA denominado «Proceso democrático» -intervenido en 2010 en el despacho de la abogada Arantza Zulueta-, del que se desprende que el reparto de tareas entre ETA y Batasuna que se apreció en la sentencia de ilegalización de 2003 se pretende proyectar ahora sobre Sortu, dice el alto tribunal.
De esta forma, ETA se atribuye a sí misma la cualidad de «garante» del proceso y afirma que no renuncia a usar la fuerza en caso necesario, que nunca entregará las armas y que no pedirá perdón a las víctimas. Además, dicta las instrucciones de lo que se debe y no se debe hacer a Batasuna y asigna a ésta la tarea de aglutinar a las fuerzas independentistas de izquierda en el País Vasco.