El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido este jueves en que la petición de una ley estatal para poder obligar a los ‘sin techo’ a dejar de dormir en la calle siempre que haya recursos públicos gratuitos suficientes no busca mejorar la estética de la ciudad, sino proteger «la dignidad» de este colectivo porque es «obligación» de la sociedad hacerlo.
El primer edil se ha explayado este jueves en hablar sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha defendido que «no se puede tener una mirada indiferente hacia las muchas personas que en Madrid y en otras ciudades» viven en la calle y ha asegurado que «no es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención».
Así, tras recordar que hace unos años el reproche que se hacía a las administraciones públicas era la falta de recursos para atender a este colectivo, ahora que ya se han suplido esas carencias y que (al menos en el caso de Madrid), «hay plazas libres en los centros», el objetivo debe ser atender a las entre 500 y 600 personas que, según sus datos, pernoctan en las vías públicas de la capital.
«Ésta es una realidad, y frente a esa realidad se puede decir que, como es su voluntad, les tenemos que olvidar y que no nos debe preocupar ni su situación médica ni psíquica ni alimentaria. Pero yo lamento decir que no es mi opinión, y creo que estamos obligados a acercarnos a estas personas y, una vez que tenemos los recursos, encontrar los instrumentos para que puedan recibirlos», ha considerado.
De hecho, a su juicio eso «es la obligación de una sociedad moderna y que se dice a sí misma solidaria», porque «decir que no es problema (de la sociedad) porque voluntariamente no quieren incorporarse (a los recursos públicos) sin saber las razones por las que lo deciden así o sus patologías es una actitud que no se corresponde con un discurso de solidaridad».
«Y nosotros tenemos la obligación de tratar a aquéllos que ya tienen estos problemas o a quienes inevitablemente derivarán en los mismos si continúan en esta situación de marginación», ha reiterado.
Conculcar el derecho individual
Sin embargo, la realidad también es que muchas de las personas que duermen en la calle lo eligen de forma voluntaria, a pesar de conocer los recursos puestos a su disposición. Frente a este argumento, el primer edil ha recordado que se trata de una «población muy difícil», el 40 por ciento de la cual «tiene problemas mentales o de adicciones».
«Y yo soy de los que piensan que, no el Estado, sino la sociedad, no puede permanecer indiferente. Sé que se puede alegar que frente a esto su derecho individual a permanecer en esta situación debe primar sobre la obligación que tienen la sociedad y el Estado de evitar esta situación de degradación; respeto el debate absolutamente, pero mi opinión es que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y encontrar todos los instrumentos necesarios para que esas personas que cada noche siguen durmiendo en la calle duerman en un centro donde tengan su dignidad garantizada, acceso a techo, alimentación e higiene; y acceso o derivación si es necesario a asistencia sanitaria», ha opinado.
De hecho, ha llegado incluso a decir que el debate está en si estas personas «tienen plena disposición de su voluntad» o si «esa negativa a tener una asistencia hospitalaria, de higiene, de comida y sanitaria es una negativa que hay que respetar como valor absoluto o si los ayuntamientos deben pedir un instrumento para poder dar asistencia a esas personas».
«Y es un debate en el que respeto cualquier postura, y al final se hará lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero como alcalde no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas 500 personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal», ha reiterado.
No será considerado infracción
En cualquier caso, Gallardón ha asegurado que su objetivo no es que esta ley recoja la actitud de quienes seguir en la calle como «ningún tipo de infracción», ya que » las personas sin hogar no son los infractores, sino las víctimas». «Pero son unas víctimas a las que nosotros tenemos obligación de asistir aunque no nos lo pidan y aunque en ocasiones se opongan a esa asistencia», ha apostillado.
Con respecto a las críticas de algunos ‘sin techo’ sobre la falta de flexibilidad de los recursos municipales en materias como los horarios o la posibilidad de permitir que parejas duerman juntas, el primer edil ha señalado que «todos los profesionales que trabajan en los centros de atención son grandes profesionales» y que ellos aplican «normas, horarios y pautas de comportamiento interno que van en beneficio de los asistidos siempre».
«Ellos evalúan sus resultados. Nosotros no aplicamos criterios políticos, sino técnicos, profesional. Si ellos estiman que tienen que modificar algo lo modifican directamente y el Ayuntamiento apoya siempre el criterio técnico que se plantea», ha afirmado.
Por último, al primer edil también se le ha preguntado por la comparación que los socialistas hicieron de esta propuesta con la Ley de Vagos y Maleantes, y ha recordado que dicha normativa «nada tiene que ver» con lo que ha propuesto él.
«Es más, entra en contradicción. Ésa era una ley que pretendía expresamente proteger a la sociedad frente a los vagabundos, y lo que nosotros pretendemos es lo contrario: proteger a los indigentes y, a veces, protegerlos también frente a la indiferencia de la propia sociedad», ha explicado.
A renglón seguido, ha recordado además que la Ley de Vagos y Maleantes «no era una ley franquista, sino una ley socialista», ya que fue aprobada «en agosto de 1933, y las elecciones fueron a finales de año, lo que significa que en agosto de 1933 era presidente del Gobierno (Manuel) Azaña pero gobernaba en coalición con el PSOE».
«Luego cuando alguien dijo que la Ley de Vagos y Maleantes era franquista, no sé si quería decir que la propuesta socialista se identificaba con el Franquismo o que no está muy puesto en la historia del país», ha concluido.